Las entidades denuncian que los fondos que compraron paquetes de viviendas en zonas degradadas como Sant Roc, en Badalona, se niegan a arrendarlas
Magdalena Cortés espera sentada en una silla de comedor, a pie de calle, la llegada de la comitiva judicial que debe desalojarla del piso en el que vive sin pagar desde hace 48 años, en el barrio de Sant Roc de Badalona, uno de los más pobres de Cataluña. “Era de un hombre que se fue y lo dejó abandonado… Hasta que mi cuñado entró dándole una patada a la puerta”. La vivienda está en una quinta planta sin ascensor. Con muletas y las piernas hinchadas (en unos días pasará por quirófano), a Magdalena, que ahora tiene 70 años, le ha costado horrores bajar las escaleras y dejar la vivienda: 50 metros cuadrados donde viven nueve personas —cuatro hijos, una nuera, un yerno y dos nietos, uno de ellos un bebé de pocos días— y dos perros.
El desahucio por impago ha sido solicitado al juzgado por Promontoria Real State Coliseum, una inmobiliaria vinculada a un fondo de inversión que es propietario de un buen puñado de pisos en esta zona degradada de Badalona, según Carles Sagués, una de las caras visibles de la plataforma que día sí día también trata de frenar desahucios en el barrio. Como es martes, la cosa pinta bien: las unidades de orden público de los Mossos suelen reservar el jueves para los desahucios que, sí o sí, van a ejecutarse. Sagués explica a las funcionarias la situación de Magdalena y de su familia, y la comitiva accede a aplazar la ejecución del lanzamiento hasta el 28 de junio. La mujer ha ganado tiempo, un mes, para que los servicios municipales le ofrezcan alguna alternativa o “al menos presionen a la propietaria para buscar algún trato”, cuenta Sagués.
