El barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs (Barcelonès Nord) vuelve a situarse en el centro del debate social tras el inicio del procedimiento judicial para desalojar decenas de familias que viven en viviendas públicas ocupadas desde el 2017. Los inmuebles, construidos en 2010 para acoger a los vecinos del bloque Venus, nunca cumplieron su función en el tiempo previsto y fueron ocupados por familias con un alto grado de vulnerabilidad.Según la información facilitada por las administraciones, en la actualidad hay 58 viviendas ocupadas ilegalmente distribuidas en seis escaleras de dos parcelas gestionadas por el Consorcio del Barri de la Mina. De ellas, se han emitido 39 notificaciones judiciales de desalojo. El plan prevé destinar la totalidad de estos pisos al realojo de los vecinos del edificio Venus, cuyo proceso para su demolición definitiva, ya se ha iniciado.Lee tambiénEl Consorcio del Barri de la Mina, integrado por los ayuntamientos de Barcelona, y Sant Adrià de Besòs, la Generalitat y la Diputació de Barcelona, defiende que la actuación responde a la necesidad de ejecutar el plan de realojo. Según la administración, el proceso se ha demorado por el plan de expropiaciones del edificio Venus y las medidas de reinserción.Los edificios afectados forman parte de un proyecto iniciado en 2010, cuando se construyeron viviendas destinadas a los residentes del bloque Venus. Sin embargo, las condiciones económicas exigidas en aquel entonces y la falta de adjudicación efectiva dejaron los pisos vacíos durante años. Esta situación se agravó tras la detección de una trama de desvío de fondos públicos vinculada a la vigilancia de los inmuebles por parte de clanes familiares del barrio, lo que prolongó su abandono.Bloque Venus cuya demolición está prevista para dentro de cuatro años .Joan Mateu Parra / ShootingEn el verano de 2017, varias familias del barrio decidieron ocupar las viviendas vacías. Desde entonces, han permanecido en ellas en situación irregular, aunque con conocimiento de las administraciones, que durante años realizaron seguimientos sociales e incluso valoraron vías de regularización mediante alquileres asequibles. Según los vecinos, este proceso se interrumpió hace aproximadamente un año sin que les ofrecieran otras alternativas habitacionales.Las administraciones sostienen que las personas en situación de vulnerabilidad serán atendidas por la mesa de emergencia de Sant Adrià de Besòs. No obstante, matizan que la valoración de vulnerabilidad se realiza cuando los servicios sociales tienen conocimiento del caso o existe una orden judicial vinculada a un procedimiento de desalojo. Según datos municipales, desde enero de 2026 solo se han enviado ocho informes al juzgado, aunque no en todos los casos se ha podido acreditar dicha vulnerabilidad.Subarrendamiento de pisos ocupadosEl Consorcio también ha señalado que en algunos casos se han detectado posibles intentos de venta o subarrendamiento ilegal de las viviendas ocupadas, situaciones que se han elevado a los Mossos d’Esquadra para que procedan a su investigación.El conflicto se produce en un contexto en el que ya hay 55 viviendas del bloque Venus vacías, después de que sus antiguos residentes hayan sido realojados o indemnizados conforme al plan urbanístico. El objetivo del Consorcio es completar el traslado de estas familias a los pisos ahora ocupados.El Sindicato de la Vivienda de la Verneda-El Besòs ha criticado la medida y denuncia falta de transparencia en la gestión. La entidad cuestiona el cambio de criterio de las administraciones, que en el pasado contemplaban la regularización de las ocupaciones y ahora apuestan por el desalojo.El sindicato advierte además de que muchas de las familias afectadas se encuentran en situación de vulnerabilidad, con menores a cargo y sin alternativas habitacionales. En su opinión, el caso refleja una intencionalidad de desplazamiento de población vulnerable del área metropolitana , lo que contribuye a agravar las desigualdades sociales.El barrio de La Mina, ya históricamente destacado por la exclusión social y, hasta hace pocos años, por la falta de soluciones habitacionales, vuelve a protagonizar a un nuevo episodio de tensión. A pocas semanas del inicio previsto de los desalojos, las familias afectadas reclaman una solución.Avanza el proceso de derribo del bloque VenusSe mantienen dentro del plazo previsto las distintas fases del proceso administrativo que culminará con la demolición del bloque Venus, cuyo derribo está oficialmente previsto para el 2028, condicionado al realojamiento completo de las familias afectadas. En estos momentos, el plan contempla la reubicación de cientos de vecinos en pisos del mercado o vivienda protegida, así como indemnizaciones para una parte de los afectados. También se han activado procesos de expropiación sobre el conjunto de las 244 viviendas y locales que forman el edificio y cuyas casuísticas familiares se están negociando personalmente.Corresponsal de La Vanguardia en el Barcelonès Norte y corresponsal y responsable de la edición local de La Vanguardia en el Maresme. @fedecedo