Desde el balcón de su casa, Jordi Galí (Barcelona, 63 años) ha visto la llegada de la comitiva judicial, escoltada por una decena de furgones de los Mossos d’Esquadra y con apoyo de la Guardia Urbana. Su familia, que residía desde hacía 22 años en un piso de la calle Marina de Barcelona, ha sido desalojada este viernes a las 10.30, pese a que decenas de activistas y vecinos se concentraron frente al edificio para intentar impedirlo. Aunque los servicios sociales habían acreditado la situación de vulnerabilidad de la familia, la ejecución ha sido posible tras el decaimiento de la moratoria antidesahucios. Era el escudo social que protegía a estos hogares, que el Congreso rechazara prorrogarla con los votos de PP, Vox y Junts. “Es muy duro que te echen de casa. Cada objeto era un recuerdo”, ha lamentado Jordi pocos minutos después del desalojo.La pareja, que vive en Barcelona junto a su hijo menor, se había beneficiado desde la pandemia del escudo social desplegado por el Gobierno para evitar los desahucios de personas vulnerables. La familia acumuló una deuda por impago después de que la mujer perdiera su empleo durante la pandemia a causa de una enfermedad recurrente. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha explicado que el desahucio de Jordi permanecía paralizado desde la pandemia. Sin embargo, el procedimiento se reactivó tras el fin de la moratoria. “Hay miles de desahucios de familias vulnerables que estaban paralizados y que ahora pueden ejecutarse. Solo en el último mes ya hemos tenido dos. Es probable que ahora veamos una oleada de desahucios”, ha advertido el sindicato.Los tres residen en el número 124 de la calle Marina desde 2004 y han prorrogado distintos contratos a cada año. Los problemas económicos llegaron con en avance de la enfermedad de la esposa de Jordi, sumado a finalización del contrato. Poco tiempo después llegó otro dueño, que compró todo el edificio. La finca del que ha sido expulsada la familia cuenta ya con al menos cinco pisos turísticos con licencia, mientras que el resto de las viviendas se destinan al alquiler temporal. Urban Power, la empresa propietaria del inmueble, posee 29 viviendas, según los datos del Registro de la Propiedad. “Lo más duro es que pasarán de ser residencias de familias y pasarán a ser pisos turísticos o alquileres de temporada sin ningún beneficio para la gente de Barcelona”, ha dicho. El sindicato también ha denunciado la falta de mediación entre la propiedad y la familia antes de ejecutar el desahucio.Los vecinos que se han concentrado a las puertas del inmueble este viernes han comentado cómo, poco a poco, la zona fue ganando turistas y perdiendo al ambiente familiar vecinal. “Es muy triste ver cómo una vivienda residencial acaba entregándose a un modelo que no aporta ninguna función social para la gente de Barcelona”, ha denunciado una de las vecinas. Desde el balcón de su vivienda, donde también se puede ver la Torre de Jesús de la Sagrada Família, Jordi lamentaba sus últimos minutos en la casa. Tras el paso de la comisión judicial, la familia dispuso de apenas unos minutos para sacar las pertenencias que pudo del piso. De momento, solo cuenta con el alojamiento temporal de una familia amiga para pasar el fin de semana, mientras que su hijo se quedará en casa de unos amigos, donde se ha quedado durante todo este proceso. “No queríamos que viviera todo este horror”, ha explicado Jordi.