El desahucio provoca la dispersión de un colectivo que busca soluciones de urgencia, mientras el Ayuntamiento redobla la vigilancia para evitar que se instalen en otro espacio de la ciudad
Un joven espigado se desplaza, un poco alterado, de un lado a otro de la línea policial que protege el desalojo del instituto B9 de Badalona. Levanta los brazos y habla con cierto aire retador, pero a una distancia prudente, a los antidisturbios que acaban de expulsarle, a él y a sus compañeros, del lugar que les ha servido bien o mal de refugio durante dos años. “Iremos a un local todavía más grande que este. ¡Esta misma noche! Vosotros tenéis riquezas, pero nosotros somos africanos. ¡Viva África!“, exclama.
Es una bravuconada y, sobre todo, un pequeño autoengaño. Porque lo cierto es que, para los más de 400 migrantes expulsados del B9 —solo la mitad permanecía allí ayer por la mañana, cuando se ejecutó uno de los mayores desalojos colectivos en España— no hay alternativas a la vista. Se han quedado sin techo y, ante la pasividad de la Administración, incapaz de ofrecerles una alternativa, van a tener que buscarse, una vez más, la vida. Ocupar una nave o local en Badalona no va a ser fácil, pues el Ayuntamiento ha redoblado la vigilancia para evitar que eso ocurra. Para muchos no es la primera vez y la escena tiene un extraño aire de dejà vu.
