La comisión judicial llevó a cabo el desalojo de su vivienda de una mujer y sus cinco hijos, tres de ellos menores y uno con síndrome de Down, después de que Naciones Unidas reclamara su suspensión cautelar. Las administraciones locales defienden que se actuó con garantías, mientras los colectivos sociales denuncian la ausencia de una solución habitacional adecuada.PublicidadLa familia de Dulce y sus cinco hijos fue desahuciada este miércoles del inmueble que ocupaba desde hace cinco años en el barrio madrileño de Moratalaz, un inmueble gestionado por la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. El lanzamiento se produjo pese a que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas había solicitado al Estado español la suspensión cautelar del procedimiento hasta garantizar una alternativa habitacional adecuada para los menores afectados, según informaron La Vanguardia y la Cadena SER.De acuerdo con ambas informaciones, la familia está integrada por una madre y cinco hijos, tres de ellos menores de edad, entre los que se encuentra un niño con síndrome de Down. El Comité de la ONU advirtió de que el desahucio podía ocasionar "daños irreparables" a los menores y pidió al Estado que suspendiera el lanzamiento o proporcionara una vivienda adecuada mientras analiza el fondo del caso. España deberá remitir sus observaciones al organismo internacional antes de enero de 2027.RechazoLa comisión judicial ejecutó el lanzamiento a primera hora de la mañana. El Ayuntamiento de Madrid sostiene que la familia rechazó tanto la alternativa habitacional ofrecida por los Servicios Sociales como un recurso temporal del Samur Social. Por su parte, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid defiende que el procedimiento se desarrolló "con todas las garantías" y preservando la protección de la unidad familiar.En sentido contrario, las entidades vecinales y sociales que acompañaban a la familia denunciaron que no existía una propuesta estable de realojo que garantizara el interés superior de los menores. Diversos colectivos habían convocado una concentración de apoyo bajo el lema "Dulce se queda", después de que un primer intento de desahucio, previsto para el pasado 3 de julio, fuera suspendido mientras se resolvían distintos recursos, entre ellos la petición de medidas cautelares presentada ante Naciones Unidas.Publicidad Ver vídeo Este miércoles, Adolfo y su familia se enfrentaron a un nuevo intento de desahucio en el madrileño barrio de VallecasEl caso vuelve a situar el foco sobre el creciente número de desahucios que afectan a personas especialmente vulnerables. En los últimos meses se han sucedido procedimientos con una importante repercusión social, muchos de ellos acompañados por movilizaciones vecinales y reclamaciones de alternativas habitacionales antes de ejecutar los lanzamientos.Uno de esos casos fue el desahucio de un hombre de 67 años, su hija y su nieta en el distrito madrileño de Vallecas. El lanzamiento se ejecutó pese a la resistencia de decenas de vecinos que trataron de impedir el acceso de la comisión judicial y de las fuerzas policiales, convirtiéndose en uno de los episodios que mayor movilización ciudadana generó este año.PublicidadVíctima de violencia de género en CórdobaPoco antes de aquel desalojo, la plataforma Stop Desahucios logró suspender la expulsión de su vivienda de una mujer de 64 años víctima de violencia de género y de su hijo en Córdoba. La plataforma reclamó a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía un alquiler asequible antes del lanzamiento, al considerar que ambos se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por sus circunstancias personales y de salud.Otro de los casos que ha adquirido una notable repercusión es el de Maricarmen, una mujer octogenaria residente en Madrid que afrontó varios intentos de desahucio tras décadas residiendo en régimen de alquiler en la misma casa, adquirida por un fondo buitre, convirtiéndose en uno de los símbolos recientes de las protestas por el derecho al acceso a la vivienda y la protección de las personas mayores frente a los desalojos.A estos episodios se suma el desahucio de una familia en Mataró que terminó con tres menores detenidas —las hijas de la familia desalojada— durante el operativo desarrollado para ejecutar el lanzamiento. El pasado día 9, decenas de personas se concentraron en A Coruña para protestar por el desahucio ordenado por los tribunales de una mujer ucraniana refugiada de guerra que podría perder la custodia de sus dos hijos dado que carece de alternativa habitacional.