La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido a la Fiscalía de Menores que investigue si se han vulnerado los derechos de los niños afectados por el desahucio ejecutado este miércoles en el barrio madrileño de Moratalaz en una casa propiedad de la Comunidad de Madrid.En el escrito, el Ministerio ha considerado que la actuación “socava derechos fundamentales” y genera la “desprotección” de los menores de edad de la familia afectada debido al “desalojo forzoso” de su vivienda, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de la persona menor de edad con discapacidad.Alude al Comité de Derechos del NiñoSegún han informado fuentes el Ministerio, la titular de Juventud ha recordado que el Comité de Derechos del Niño había solicitado la adopción de medidas que evitasen daños “irreparables” a la familia, suspendiendo el desalojo de la vivienda o bien, otorgando una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.Asimismo, Rego ha detallado que el auto que ordenaba el desahucio obligaba a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a coordinar su actuación con los Servicios Sociales municipales y a adoptar las medidas de protección que fueran precisas para garantizar el amparo de las personas menores de edad afectadas.Sin embargo, las opciones ofrecidas a la familia no cumplían estos requisitos, por lo que se ha generado “una situación de especial vulnerabilidad y riesgo”.Situación de especial vulnerabilidadLa ministra de Juventud, que acudió ayer al propio desahucio, ha señalado en el escrito a la Fiscalía que “no se ha atendido al interés superior del menor” ni se han cumplido las disposiciones de protección a la infancia y la adolescencia.Por ello, ha pedido al Ministerio Fiscal una investigación y que despliegue las medidas “necesarias” que aseguren su protección.Además, ha arremetido contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha criticado su “insensibilidad”, el “sufrimiento que están provocando las políticas del PP en la infancia más vulnerable” y la falta voluntad para paralizar el desahucio.La postura de la Comunidad de MadridPor su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha dicho que “una ministra del Gobierno de España no debería sembrar dudas sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales” y ha agregado que “el Estado de derecho exige respetar las decisiones de los tribunales, aunque no gusten”.A juicio de Jorge Rodrigo, “la protección de los menores debe garantizarse a través de los servicios sociales y de los mecanismos legales previstos, no cuestionando la ejecución de un auto judicial”.El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado, por su parte, que el Ayuntamiento ha ofrecido una alternativa habitacional a esta familia y que el Samur Social se ha puesto en contacto con ella para proporcionarles un recurso.Almeida ha dicho que le gustaría que “la ministra, en vez de en la calle, estuviera en los despachos solucionando los problemas” y se ha quejado de que “tenemos un Gobierno que grita, pero no trabaja para solucionar el problema de la vivienda en España”.Además, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid han detallado que en los últimos días los servicios sociales municipales ofrecieron a la familia un alojamiento alternativo, pero lo rechazaron.