El Ayuntamiento de Madrid desalojó a unas 30 personas hace un par de años bajo el argumento de que iba a emprender obras en las zonas comunes del inmueble de los apartamentos para Mayores San Francisco, ubicados en la calle Jerte, número 1, en el distrito Centro, por la zona de la Latina. Se trata de personas mayores, que en algunos casos cuentan con bajos ingresos o no tienen una gran red familiar para ser atendidos. La mayoría tuvieron que buscar soluciones habitacionales ante la presión del consistorio. Uno de los ocupantes, Bartolomé Alejandro Ibáñez García, que ocupaba el número 308 D, denunció al Consistorio, y se mantuvo en el inmueble. Ahora, el juez de lo contencioso administrativo número 13 argumenta en el auto 231/2026, al que ha tenido acceso La Vanguardia, que no había riesgo de ruina inminente para “justificar el desalojo”.La postura de la oposiciónEn este contexto, el PSOE de Madrid ha defendido este lunes que el auto judicial sobre el desalojo de los residentes de los Apartamentos San Francisco “deja en evidencia” al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que no había un informe técnico que lo avalara ni “riesgo de ruina inminente”.“Se arrancó a personas de sus casas, de los apartamentos San Francisco, a personas mayores, cuando no había un informe técnico que lo avalara”, ha declarado, en un vídeo enviado a los medios de comunicación, la edil del PSOE de Madrid responsable de Servicios Sociales, Ana Lima.La responsable ha resaltado que no había riesgo de demolición, ni riesgo de ruina inminente, sin embargo, “solo con una nota interna se decidió arrancarles de sus hogares. “Así gobierna Almeida máxima dureza con sus vecinos y vecinas”, ha sentenciado.Asimismo, la edil ha denunciado que “se los llevó a residencias, obligándoles” sin estudiar otras alternativas “adecuadas” a esta situación, algo que, ha recriminado, “no es una buena gestión”, sino es “opacidad”, “insensibilidad” y “irresponsabilidad política”.En el auto del Tribunal de Instancia de Madrid, el magistrado descarta un supuesto de demolición o de ruina inminente, lo que justificaría “indudablemente” un desalojo.Queda además descartado que no se puedan compatibilizar las obras de rehabilitación con la permanencia en el inmueble del interesado, y el texto detalla que no consta informe de naturaleza pericial o técnica que explique de manera concreta cuales son los riesgos asociados a la permanencia de un residente en el edificio. Redactora de economía durante 27 años. Desde el año 2007 en La Vanguardia. Ahora escribo historias de Madrid