La presión es descomunal, pero Pedro Sánchez parece haber tomado una decisión de fondo: no entregará más cabezas políticas por imputaciones salvo que haya pruebas claras de comportamiento irregular. Por eso Sánchez ha decidido respaldar hasta el final a Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, que ha sido citada como investigada —el concepto actual del antiguo ‘imputado’— el día 16 por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El presidente no ve ningún comportamiento irregular, explican en su entorno, y por eso no va a ceder: no habrá dimisiones pese a las nuevas imputaciones. Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el núcleo duro del presidente en La Moncloa respaldan a González porque creen que no se sostiene la acusación principal liderada por la Fiscalía Anticorrupción, esto es: que la directora ordenó abrir unos expedientes internos por varias filtraciones como forma de intimidar a la UCO, que estaba investigando entonces a la mujer y el hermano del presidente.En La Moncloa y en Interior sostienen que no puede ser delito abrir una investigación por una filtración, algo que ven como totalmente legítimo, y menos si se hizo con todas las garantías, advirtiendo a los jueces que llevaban los casos —de hecho, uno de ellos dijo que se cerrara y así se hizo— y además si ninguno de esos expedientes concluyó en sanción alguna, porque se cerraron sin consecuencias.Según fuentes del entorno de González, la directora “está tranquila, continuando con su agenda, con su trabajo institucional y esperando poder explicar el día 16 lo que ya relató en el Senado: que no ha participado jamás en ningún hecho delictivo, que nunca ha entorpecido investigación de la Guardia Civil alguna y que, por supuesto, jamás ha perseguido a ningún miembro del instituto armado, ya que desde el primer día de su nombramiento lo único que ha hecho es servir a esta institución, trabajar para mejorarla, modernizarla, humanizarla, dándole más medios humanos y materiales, así como nuevas y mejores infraestructuras”. Estas fuentes insisten en que González “está muy agradecida por el cariño y apoyo recibido dentro de la institución a lo largo de este mes”, aunque la mayoría de las asociaciones de guardias civiles han pedido su dimisión.El criterio que dominaba hace unos años en el PSOE, cuando una imputación suponía la dimisión casi inmediata, ha cambiado por completo. Sánchez llegó a forzar en 2018 la dimisión de su ministro de Cultura, Màxim Huerta, 10 días después de nombrarlo, por haber defraudado a Hacienda 256.778 euros. Y pidió a José Luis Ábalos su escaño y promovió su suspensión de militancia del PSOE mucho antes de estar imputado, Pero entonces, explican en el entorno de Sánchez, las irregularidades o la responsabilidad política de Ábalos por haber nombrado a Koldo García —aún no se conocía todo lo que vino después— estaba muy clara. En este caso, tanto el de la directora de la Guardia Civil, como el de la gerente del PSOE o la presidenta de la SEPI, tres recientes imputadas que no han dimitido, según insisten en La Moncloa, no hay evidencias de comportamiento irregular, y confían por tanto en que nunca lleguen a ser procesadas.El Gobierno ha estudiado el auto del juez y el escrito de la fiscalía y no ve por ningún lado la evidencia del delito. En La Moncloa recuerdan que la filtración que dio origen a la primera investigación interna existió y era grave. OKDiario publicó varios correos de Begoña Gómez, esposa del presidente, y David Sánchez, su hermano, que estaban entre los 55.000 que tenía la UCO en su poder para investigar el posible enchufe en la diputación de Badajoz del músico. Esos datos privados, ajenos por completo a la causa, solo estaban en manos de la UCO. Por eso se abrió una investigación interna para ver cómo habían podido acabar publicados. Es algo relativamente habitual, según explicó González en su comparecencia en el Senado. La investigación se cerró sin ninguna consecuencia porque los responsables dijeron que había sido un error. Deducir de ahí que la directora estaba actuando contra la UCO a las órdenes de Leire Díez es, para el Gobierno, un triple salto mortal que no se sostiene. Después hay otras dos investigaciones por filtraciones, una que se cerró porque así lo ordenó el juez, y otra que tampoco llegó a nada. Para el Ejecutivo, no se puede entender que esto sea una operación contra la UCO, sino para intentar aclarar unas filtraciones que también perjudican la investigación.El Gobierno ha decidido no atacar al juez Pedraz como sí lo ha hecho con Peinado, y ha mostrado en todo momento respeto con su instrucción, pero eso no implica, según diversas fuentes del Ejecutivo, que Sánchez considere que la imputación de delitos contra la directora de la Guardia Civil y contra su mano derecha, el DAO, sean razonables. Algunos miembros del Ejecutivo admiten que visto con perspectiva fue un claro error reunirse con Leire Díez siendo la directora de la Guardia Civil. Y aún más grave ocultar esas reuniones hasta que la UCO las desveló usando los mensajes de Díez y las localizaciones de su móvil. Y engañar diciendo que no habían existido. Pero una cosa es un error político de gestión de una situación delicada, explican estos miembros del Ejecutivo, y otra un delito de prevaricación continuado por maniobrar contra la UCO como se apunta en la providencia del juez y el escrito de la fiscalía, que tiene su base precisamente en un informe de la propia Unidad Central Operativa, algo que también en el Ejecutivo ven como un claro conflicto de intereses, porque es la UCO la que investiga a sus jefes por una supuesta operación contra ese departamento de élite de la Guardia Civil.