No habían pasado ni 24 horas desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldara la figura de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en su comparecencia ante el Senado, cuando cayó como un jarro de agua fría la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que fuera imputada en el caso Leire Díez. El juez instructor de esta causa, Santiago Pedraz, ventilaba el asunto con una providencia escueta: el primer cargo público del Gobierno acababa de ser citado a declarar en calidad de investigada por su posible participación o colaboración con la trama capitaneada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la presunta 'fontanera' del partido Leire Díez.
Marlaska ubicaba “fuera del Ministerio del Interior” la trama que buscaba acabar con determinadas investigaciones que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero el informe de las fiscales anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen que sustenta la imputación tanto de Mercedes González como del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, intenta echar por tierra esta tesis. O al menos la pone en duda al situar el foco de la investigación tanto en la supuesta relación estrecha de González con Leire Díez como en los extraños movimientos que llevó a cabo el DAO para primero retener información relevante sobre la operación en contra de la UCO, y segundo para abrir investigaciones internas -las llamadas informaciones reservadas- en el seno de la Benemérita contra los guardias civiles encargados de las pesquisas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.
