“Todo a su debido tiempo”. Con esta frase se frenaron hace un mes las especulaciones de qué pasaría con Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil, después de que apareciera su nombre en un informe policial que la situaba en reuniones con Leire Díez, conocida como la “fontanera” del PSOE en plena campaña contra la unidad policial para intentar desacreditar las investigaciones que afectaban al partido o a personas vinculadas al presidente del Gobierno. Después de marcar cada uno de los pasos, ayer finalmente el magistrado acordó la citación como investigada de la máxima autoridad política del instituto armado para el próximo 16 de julio. Junto a ella, también acudirá el máximo responsables uniformado del cuerpo, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.Se enfrentan a una investigación por prevaricación y obstrucción a la justicia. Según la investigación, Llamas recibió la “presión política” para frenar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO). Ambos, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, iniciaron tres expedientes disciplinarios contra agentes o mandos de la unidad policial. Y todos estos se abrieron coincidiendo con conversaciones o reuniones de González con Díez. La tesis judicial es que ésta última, por mandato de Santos Cerdán, había desplegado una actividad para destruir ciertas causas judiciales. Una de las vías para lograrlo era actuar contra los investigadores, mediante la obtención de trapos sucios, denuncias o expedientes para frenarles.Mercedes González deberá explicar al juez las tres reuniones mantenidas con la ‘fontanera’ Leire DíezA finales de mayo, los agentes de la UCO acudieron a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en busca de los expedientes disciplinarios abiertos. Los analizaron y entregaron un atestado al juez. Después, el instructor tomó declaración a varios testigos relativos a estos expedientes y ya por último imputó a sus dos máximos responsables. Desde que se conocieron las reuniones de González con Díez, la también exdelegada del Gobierno en Madrid y exdiputada socialista se negó a dimitir al ver tras estas informaciones una campaña contra ella. Ayer ratificó su postura.La tesis de la Fiscalía, y que Pedraz ha hecho suya, es que existe una organización criminal que empezó en el 2021 con el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez a la cabeza. Este grupo buscaba infiltrar a gente de su confianza en altos cargos públicos para influir desde dentro para dar contratos a otras empresas por lo que se llevarían una comisión. Desde el principio, el grupo se dedicó a buscar información contraria a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, jueces y fiscalía para, principalmente, protegerse. Ya por esas fechas detectaron que un exconsejero andaluz implicado en los ERE de Andalucía, Gaspar Zarrías, les entregó datos de agentes de la UCO que habían llevado aquella investigación. Fue en abril del 2024, coincidiendo con los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, cuando esta organización se puso a disposición del PSOE para hacer lo que ya sabían, buscar material para destruir causas judiciales. Según Anticorrupción, “el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera, posibilitándose diferentes reuniones orgánicas entre los dirigentes del grupo en la sede del partido en la calle Ferraz (Madrid), sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros”. Las fiscales encargadas del caso consideran todavía más” relevante” que el partido “financiara la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes, a través de sociedades interpuestas con la colaboración de dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver-, a la postre contratados por dicho partido para la defensa de Koldo García y, en última instancia, Santos Cerdán”. De hecho, Pedraz ha reclamado al PSOE que diga quien dio la orden de los pagos.La trama, liderada por Cerdán, buscó primero protegerse a si misma para no ser descubiertaEs decir, la Fiscalía sospecha que el PSOE sufragó los gastos de la organización criminal y pagó las defensas del exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos -recientemente condenado a 24 años de prisión-, y de Cerdán, investigado en varias causas por corrupción. Según las fiscales, en este plan se buscaba la implicación de organismos públicos como la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de la Guardia Civil, la Subdirección de Nacionalidades del Ministerio de Justicia o el director del Banco de España, entre otros para atacar a los agentes de la UCO y desestabilizarles para que no pudiesen llevar a cabo las investigaciones.Dentro de este plan, Díez contactó con Mercedes González, a quien conocía con anterioridad, al poco de llegar a su cargo en el instituto armado. Se reunió con ella por primera vez a pesar de que ya se había hecho público las intenciones de la llamada “fontanera” del PSOE, aunque Cerdán, de aquellas todavía secretario de Organización, saliese a desmentirlo.Uno de los indicios contra González es que en mayo del 2025 se le hizo llegar dos notas internas, una del coronel de la UCO y otra del general de la jefatura de policia judicial, en el que se alertaba de una campaña de desprestigio contra sus agentes montada por Leire Díez.Todos los testigos con conocimiento directo de aquellos hechos sostienen que la directora general nunca comunicó que se había reunido con esta mujer ni que tenía contacto con ella.También recoge que hubo una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su despacho para relatar estos hechos y ninguno de éstos dio la orden de que se investigara sobre tal campaña.Anticorrupción apunta a que el partido socialista habría pagado la defensa de Koldo y CerdánLas fiscales mantienen que desde la dirección general se dio la orden de abrir una información reservada por la filtración de unos mensajes de Ábalos publicados en prensa a sabiendas de que quien lo había filtrado había sido el propio entorno ministro. La apertura del expediente fue ordenado por Llamas. “Se desconoce, y deberá ser objeto de aclaración en las declaraciones que presten ambos investigados, si en ese momento González había informado ya al DAO de que conocía a Díez y había tenido con ella al menos tres encuentros, así como un contacto telefónico con ella esa misma mañana (de la apertura del expediente)”, recoger el escrito.Para la fiscalía fue todavía más sospechoso que en otro expediente abierto por otra publicación periodística se reclamó la identificación de todos los “mandos” que intervinieran en los asuntos ligados al Gobierno y familiares del presidente del Gobierno. Esta actuación fue archivada pero las fiscales no llegan a “atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información”.Las fiscales advierten que ni González ni Grande-Marlaska ordenaron investigar la campaña contra la UCOEn el informe de imputación, Anticorrupción vincula la apertura de estos expedientes con una anotación en la agenda de Díez, coetánea en el tiempo, en el que se lee “investigación interna G.C. por filtraciones”. Por todo ello, tanto juez como fiscales consideran que hay indicios de que ha existido una “utilización instrumental de expedientes disciplinarios como mecanismo de presión sobre los investigadores policiales”.Anticorrupción defiende que si llegara acreditarse que las denominadas informaciones reservadas abiertas contra los agentes no respondían a una finalidad legítimamente disciplinaria, este medio de control interno se habría convertido “en un auténtico medio de intimidación institucional”.“En tal supuesto, la intimidación ya no deriva exclusivamente de una manifestación verbal, sino del ejercicio efectivo y reiterado de un poder administrativo capaz de comprometer la carrera profesional del investigador, afectar a su reputación, limitar sus expectativas de ascenso o generar un permanente clima de incertidumbre respecto de su continuidad profesional”, recoge el informe.Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos