�La reiterada apertura de informaciones reservadas exclusivamente respecto de aquellos funcionarios que desarrollaban investigaciones de especial trascendencia, coincidiendo temporalmente con actuaciones procesales particularmente sensibles y carentes de una verdadera justificaci�n disciplinaria, puede constituir un indicio especialmente significativo de que la finalidad real perseguida no era la depuraci�n de eventuales responsabilidades administrativas, sino la generaci�n de un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las investigaciones. En otras palabras, el expediente disciplinario dejar�a de ser el objeto de valoraci�n para convertirse en el instrumento empleado para ejercer la intimidaci�n�.As� lo indic� la Fiscal�a Anticorrupci�n y lo asumi� el magistrado de la Audiencia NacionalSantiago Pedraz al imputar ayer a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes Gonz�lez, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por los delitos de prevaricaci�n continuada y obstrucci�n a la Justicia en la causa de las cloacas del PSOE.La investigaci�n judicial tendr� que determinar si los imputados buscaron �el efecto desaliento� contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil derivado de �la utilizaci�n abusiva de la potestad disciplinaria como forma de intimidaci�n institucional�.La sospecha de la Audiencia Nacional es que las informaciones reservadas que orden� abrir la directora de la Guardia Civil, y ejecut� el DAO contra miembros de la UCO, fue empleada como �un mecanismo de presi�n dirigido a condicionar el ejercicio de las funciones de polic�a judicial� en las causas de corrupci�n que afectan al Ejecutivo, el PSOE y el entorno familiar del presidente Pedro S�nchez.Gonz�lez y Llamas deber�n declarar el pr�ximo 16 de julio en calidad de investigados �al existir en la causa indicios de responsabilidad de los mismos en hechos que, prima facie, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucci�n de la causa, podr�an presentar los caracteres de delito�.El juez Pedraz, de la mano de Anticorrupci�n, investiga las maniobras de la ex militante del PSOE Leire D�ez, quien a sueldo del partido, plane� que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectaban al Gobierno y a la familia del presidente. De la instrucci�n judicial se desprende que la denominada fontanera, bajo las �rdenes del ex secretario de Organizaci�n del PSOE, Santos Cerd�n, traz� un plan para que se abriera una investigaci�n interna a miembros de la UCO con el objetivo de amedrentarlos y disuadirlos de seguir investigando la corrupci�n socialista.Para llevar a cabo ese plan, Leire D�ez -que anot� en su agenda �Investigaci�n interna G.C. para filtraciones�- aprovech� su cercan�a a la directora de la Guardia Civil, quien decidi� abrir esas informaciones reservadas contra la unidad de �lite del Instituto Armado en la lucha contra la corrupci�n. Se abrieron tres expedientes internos se�alando a miembros de la UCO por supuestas filtraciones que no proced�an de este departamento.En su escrito de solicitud de imputaci�n, la Fiscal�a expone la repercusi�n que eso pod�a tener en los investigadores: �La apertura sucesiva de informaciones reservadas frente a los integrantes de una unidad policial encargada de investigaciones penales de especial trascendencia posee una evidente capacidad para generar un efecto desaliento sobre el ejercicio independiente de las funciones de polic�a judicial. La presi�n no se agota en el perjuicio que cada expediente pueda ocasionar al funcionario directamente afectado, sino que proyecta un mensaje institucional hacia el conjunto de la unidad investigadora: el desarrollo de determinadas l�neas de investigaci�n puede acarrear consecuencias disciplinarias para quienes las impulsen�.El departamento que dirige el fiscal de Sala Alejandro Luz�n solicit� las imputaciones de Gonz�lez y Llamas despu�s de que dos ex responsables de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso L�pez Malo, ratificaran la semana pasada ante el juez que les indicaron que deb�an �ponerse de perfil� en investigaciones como la del hermano del presidente del Gobierno. La directora de la Guardia Civil y el DAO son citados como imputados �a fin de salvaguardar su derecho a no declarar, no confesarse culpable y los dem�s que le amparan en dicha posici�n, y no en la que se otorga a los testigos�.Seg�n ha desvelado la investigaci�n judicial, Mercedes Gonz�lez se reuni� dos veces con la fontanera del PSOE, pese a haberlo negado en un primer momento la propia directora de la Guardia Civil y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.Los generales Yuste y L�pez Malo negaron que Gonz�lez les convocara tras estallar el esc�ndalo y les comunicara los contactos que hab�a mantenido con Leire D�ez.As�, en sus declaraciones judiciales ante el juez Pedraz, los ex responsables de la UCO echaron por tierra la explicaci�n que Gonz�lez dio en su comparecencia en el Senado ya que la directora de la Guardia Civil neg� en la C�mara Alta que fueran ciertas las indicaciones de su DAO sobre el caso del herman�simo y asegur� que hab�a informado a los mandos de que conoc�a a Leire D�ez.Sobre este extremo, Anticorrupci�n recalc� que �en nota de prensa de la Directora General de la Guardia Civil y en su comparecencia ante el Senado el 16 de junio de 2026, reconoci� al menos dos encuentros, sin determinar duraci�n, fecha ni contenido que, hasta entonces, eran desconocidos en el �mbito de dicha Unidad Central Operativa, como ahora se expondr�, seg�n manifestaciones de los testigos que hasta la fecha han declarado en las actuaciones (todos ellos generales de la m�s alta responsabilidad en el �mbito de estas actuaciones, subordinados directos del DAO)�.La Audiencia considera que �la utilizaci�n instrumental de expedientes disciplinarios como mecanismo de presi�n sobre los investigadores policiales puede integrar el delito de obstrucci�n a la Justicia del art�culo 464.1 del C�digo Penal�. Este art�culo sanciona a quien, �con violencia o intimidaci�n, intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, int�rprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuaci�n procesal�.Se trata de �garantizar el normal funcionamiento de la Administraci�n de Justicia mediante la protecci�n de la libertad de actuaci�n de quienes intervienen en un procedimiento judicial, evitando que �sta pueda verse alterada por cualquier forma de presi�n il�cita�, en palabras de las fiscales Anticorrupci�n.Por su parte, el delito de prevaricaci�n castiga el dictado de resoluciones �arbitrarias� y �manifiestamente injusta� dictadas en contra del inter�s p�blico.Por �ltimo, el magistrado Santiago Pedraz rechaz� ayer citar como investigado al anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en esta causa al no apreciar indicios de delito.