Obstrucción a la justicia. Los dos principales cargos de la cúpula política de la Guardia Civil, el cuerpo que lleva con orgullo entre sus valores la defensa de la legalidad y tiene como seña actuar siempre en estricto apego a la Constitución y a las leyes vigentes, han sido imputados por obstruir a la justicia. La directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de maniobrar para desactivar las causas contra el entorno de Pedro Sánchez. Entre los indicios que han llevado al Ministerio Público a reclamar que declaren como investigados, la elaboración por parte de González de un listado de mandos de la UCO a cargo de esos casos. González y Llamas tendrán que explicar el próximo 16 de julio ante el juez Santiago Pedraz los motivos que les condujeron a desplegar un estrecho marcaje a los agentes que actuaban en las investigaciones más sensibles para el Gobierno. Desde el caso del hermano del presidente del Gobierno hasta la trama Koldo, pasando por la investigación sobre Begoña Gómez. La Fiscalía defiende que emplearon expedientes disciplinarios abiertos con un doble propósito. Primero, identificarles. Después de intimidarles con acusaciones infundadas de filtración con objeto de presionarles. Las fiscales aseguran que, aunque esos expedientes acabaron archivados, sin sanción alguna y sin más práctica de diligencias que la toma de declaración de los mandos de la UCO afectados, se utilizaron para "el aporte de los datos que permitieron la identificación de todos los que intervinieran en los asuntos ligados al Gobierno y familiares del presidente del Gobierno". La sorpresa de Anticorrupción es evidente. El escrito indica que no se llega "a atisbar" la finalidad de esta relación de agentes ni "la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información". Los generales que figuraban en la lista negra declararon hace solo unos días como testigos ante el instructor del caso de las cloacas y sostuvieron que, en toda su carrera profesional, no habían sido objeto de informaciones reservadas, salvo las abiertas en esta etapa. De golpe, tras toda una carrera limpia, se les abrieron tres expedientes en dos años. Entre finales del 24 y la primera parte del 25, en plena ebullición de los procesos por corrupción, prácticamente seguidas. La última ni siquiera se llegó a numerar. TE PUEDE INTERESAR Esa acumulación inédita de expedientes se centró en la presunta responsabilidad de esos mandos de la UCO -evidentemente incómodos para el Gobierno y objetivo claro de la fontanera del PSOE Leire Díez- en la filtración a los medios de comunicación de información interna de los casos. La primera se centró en averiguar cómo habían llegado a la prensa datos personales de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, en concreto su correo electrónico, aparecido en la investigación sobre David Sánchez y su enchufe en la Diputación. La segunda y tercera en la publicación de chats entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. La Fiscalía describe la obsesión de Leire Díez con la UCO y su insistencia en varias de las conversaciones incautadas en que era la unidad la que filtraba. Con este relato, acudió a González, con la que mantenía una "estrecha" relación anterior. Se han detectado al menos tres encuentros entre las dos, coincidentes en tiempo con el impulso de esas investigaciones internas disciplinarias. Pero es que además, las fiscales dan por demostrado que la acusación de filtración se mantuvo de forma antinatural. En el caso de los wasaps publicados por El Mundo, había evidencias de que el propio Ábalos había reconocido ser quien facilitó a este medio sus intercambios privados con el presidente, pero eso no disuadió a la cúpula para continuar adelante. También se ocultó a los afectados el archivo para mantenerlos atemorizados. La campaña de desprestigio Mientras se alentaba esa presión, se ocultaba la evidencia de que la propia Guardia Civil, en este caso la Dirección General de Información, conocía que se estaba desplegando una campaña de desinformación precisamente dirigida a desacreditar a la UCO. Se soslayó una nota interna en la que se exponían las maniobras de Leire Díez contra sus agentes. La UCO tuvo que descubrirlo tras elaborar un informe propio. Solo entonces se les comunicó que la directora general estaba informada sobre ese extremo. González mintió a los propios mandos sobre sus contactos con Díez. Negó incluso conocerla en reuniones personales con ellos. En el Senado, se desdijo y, tras la evidencia de la existencia de pruebas que demostraban que se vio con la fontanera e intercambió mensajes con ella -algunos de ellos convenientemente eliminados-, acabó reconociendo los encuentros que minimizó, eso sí, alegando que solo fueron "cafés". TE PUEDE INTERESAR La imputación y su gravedad no han impedido al Ejecutivo reiterar que mantiene su confianza en la directora general. El propio partido del Gobierno está implicado en un caso que crece cada día un poco más con el avance de las pesquisas y en el que constan pagos desde el PSOE al entramado de Díez. Las investigaciones apuntan a una colonización desde arriba de aquellas instituciones llamadas a defender la ley. El enemigo estaba dentro. Obstrucción a la justicia. Los dos principales cargos de la cúpula política de la Guardia Civil, el cuerpo que lleva con orgullo entre sus valores la defensa de la legalidad y tiene como seña actuar siempre en estricto apego a la Constitución y a las leyes vigentes, han sido imputados por obstruir a la justicia. La directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de maniobrar para desactivar las causas contra el entorno de Pedro Sánchez. Entre los indicios que han llevado al Ministerio Público a reclamar que declaren como investigados, la elaboración por parte de González de un listado de mandos de la UCO a cargo de esos casos.