La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió el pasado 27 de mayo en la Dirección General del instituto armado para tomar declaración como testigos a tres generales en el marco de la investigación judicial de la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama para “desestabilizar procedimientos judiciales” que afectan al PSOE y al Gobierno. Las actas de esas declaraciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan que dos de los generales señalaron al ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, de ordenarles que un informe sobre el caso por el que se está juzgando a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, concluyera “que no había nada”; uno de esos altos mandos aseguró, además, que el director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, el teniente general Manuel Llamas, le instó a “ponerse de perfil” y no ser “proactivos” en las causas “que tuvieran afectación política”. Contactado por EL PAÍS, Marcos, declinó hacer comentarios. “Desde septiembre de 2024, mis obligaciones son otras”, manifestó. Desde entonces, el diplomático trabaja como consejero de Comunicación en la Embajada de Washington.Las actas de los testimonios de los tres generales a los que la UCO tomó declaración constatan que esa unidad investiga si cargos de la Guardia Civil han recibido presiones sobre las causas relacionadas con el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno y, si esas presiones, se plasmaron en la apertura de informaciones reservadas (investigaciones internas) sobre supuestas filtraciones a medios de comunicación. Los tres agentes que declararon son dos ex jefes de la UCO, Alfonso López Malo y Ángel Yuste, y el actual jefe de de Armas y Explosivos, Antonio Cortés. En sus declaraciones dieron cuenta de la apertura de tres investigaciones internas para investigar supuestas filtraciones a la prensa: una, en diciembre de 2024, relacionada con la causa del hermano del presidente del Gobierno; otra en mayo de 2025, sobre las causas en las que están implicados José Luis Ábalos y Koldo García; y la última, en septiembre de ese año, a raíz de una noticia de El Mundo sobre supuestas tensiones en la UCO “por la constante intromisión del peón de Marlaska”.En el marco de esta última, según la declaración del general Yuste, la UCO recibió un oficio del instructor de esa información reservada, el general jefe del Estado Mayor, por el que solicitaba que se le enviara un organigrama de esa unidad en el que constara la parte “que tenga relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno, identificando en la misma nominativamente a sus integrantes”. El general contó que el 10 de septiembre la UCO envió un organigrama del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (Diecan), dirigido por Antonio Balas, en el que se incluían los grupos que lo conformaban y los números de identificación profesional de sus agentes. Tres días después, Yuste recibió otro oficio del instructor de la investigación interna en el que se le citaba como testigo junto a Balas y al jefe de la Policía Judicial. Según explicó Yuste, ese escrito del instructor precisaba que esas citaciones eran “en cumplimiento de lo ordenado por la directora general”, Mercedes González. Fuentes de la Guardia Civil con conocimiento de estos procedimientos explican que una investigación reservada constituye el paso previo a investigar una posible comisión de una falta disciplinaria. El director general puede abrirla, o instar para que se abra, pero a partir de ese momento se nombra a un instructor y a un secretario, que es quien se encarga de la redacción. El instructor tiene que obrar con imparcialidad y objetividad para ver a quién cita y a quién toma declaración, según ests fuentes.Yuste, que fue jefe de la UCO entre julio de 2023 y diciembre de 2025, y actualmente ejerce el mando de la Jefatura de Servicios Técnicos, aludió también en su declaración ante sus antiguos subordinados a una reunión celebrada el 12 de julio de 2024 en el despacho del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, a la que fueron convocados él como jefe de la UCO; su antecesor en el cargo y actual jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo; y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Ese encuentro se produjo después de que la UCO hubiera solicitado por escrito a la jueza Beatriz Biedma, que entonces instruía la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, que les autorizara a intervenir los teléfonos de varios de los investigados en ese caso. Según Yuste, el entonces director de la Guardia Civil afirmó que ese escrito era “totalmente prospectivo y malintencionado” y que “la credibilidad de la UCO y del instituto armado estaba por los suelos”. Según el acta de la declaración, Leonardo Marcos les dijo, además, que el siguiente viernes (19 de julio), el informe sobre el caso de David Sánchez tenía que estar “analizado y que no haya nada”.El testimonio de Yuste coincide con el de López Malo, quien también declaró como testigo la semana pasada, y que contó a los agentes que el entonces director de la Guardia Civil le emplazó el 12 de julio de 2024 a una reunión en su despacho, durante la que le manifestó “que estaba enfadado y contrariado” porque no le hubieran avisado de que iban a pedir la intervención de los correos de los investigados en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Horas después, Marcos le convocó a otra reunión junto al DAO, el jefe de la UCO y el entonces jefe de la Policía Judicial. En ese encuentro, volvió a reprocharles haberse enterado por terceros de esa petición en la que, según el director de la Guardia Civil, “se hacían presunciones falsas”. “El Director General concluyó indicando que se elaborara cuanto antes el informe de los correos, en el que se concluyera “que no había nada” y, si había que dejar a personal de UCO sin vacaciones, que así se hiciera”, aseguró López Malo en su declaración.Los dos ex responsables de la UCO aludieron a ese encuentro después de que sus antiguos compañeros les preguntaran si tenían conocimiento de episodios relacionados “con las causas en las que se investigan hechos vinculados al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno”, en los que se le hubieran “transmitido presiones políticas que provocaran algún tipo de actuación sobre los investigadores, ya sea para que hicieran o dejaran de hacer o, en su opinión, que pudieran transmitir algún tipo de presión sobre esos investigadores”.Las noticias sobre las supuestas presiones a los agentes de la UCO han llegado este miércoles a la Audiencia Provincial de Badajoz, donde se celebra desde la semana pasada el juicio a David Sánchez, al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas. En la sesión de la tarde, en la que tenían que declarar siete agentes de esta unidad que participaron en el rastreo de miles de correos electrónicos que impulsó las pesquisas -por la mañana lo habían hecho el propio teniente coronel Balas y un capitán a sus órdenes-, el abogado Javier María Pérez Roldán, que ejerce la acusación popular en nombre de Hazte Oír, pregunto a dos de los guardias civiles si habían recibido durante su trabajo “algún tipo de presión”. “No, ninguna”, fue la respuesta inmediata de ambos.Marcos fue director de la Guardia Civil entre el 13 de junio de 2023 y el 17 de septiembre de 2024. Un mes después de su cese, compareció en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde aseguró que nunca estuvo informado de esa investigación ni de ninguna otra: “Entre las funciones de director no está el seguimiento puntual y detallado de las muchas investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil” y que no leyó ningún informe del caso ―“no es mi costumbre leer informes que no van dirigidos a mí”―. También negó conocer a Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y rechazó “total, absoluta y radicalmente” que él hubiera alertado a Koldo García de que estaba siendo investigado.El general Yuste mencionó también una reunión con el DAO de la Guardia Civilo, mantenida el 16 de julio, a la que asistieron él, López Malo y Balas. Según el acta de su testimonio, el DAO les dijo que “en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo [...] bajo la indicación de “que nos pusiéramos de perfil”, debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa".El juez del Supremo ordenó cerrar una investigación internaEl tercer general que testificó la semana pasada, el jefe de Armas, Explosivos y Seguridad, Antonio Cortés, declaró que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente amenazó con abrir diligencias contra él y contra el DAO si seguía adelante la investigación interna que se había abierto para esclarecer la filtración a la prensa de una noticia relacionada a las causas en las que están implicados José Luis Ábalos y Koldo García. Tras esta advertencia, el DAO cerró esa investigación. Según el acta de la declaración, el guardia explicó que el DAO le encomendó la instrucción de una información reservada para “el esclarecimiento de una posible filtración por parte” de la UCO. Él asumió el encargo y se reunió con el jefe de esa unidad, que le advirtió de que esa investigación interna “no sería del agrado” de los magistrados responsables de la investigación en el Tribunal Supremo (Leopoldo Puente) y la Audiencia Nacional (Ismael Moreno) y que, si se ponía en marcha, él sería la persona que declarara, no aportaría “ningún dato” relativo a la investigación y no se podría tomar declaración “a ningún otro componente” de su unidad.Según el testimonio del agente, el DAO le comunicó que debía reunirse con los jueces Moreno y Puente. El instructor de la Audiencia Nacional le informó de que no tenía ningún problema siempre que no afectase al procedimiento judicial; Puente, sin embargo, le dijo “de forma tajante que no lo autorizaba y que si se llegaba a realizar la apertura de la información reservada procedería a abrir diligencias tanto contra el testigo como contra la persona que le ordenó la apertura”. El agente, según su declaración, se lo comunicó al DAO y este ordenó cerrar la investigación interna. El general Cortés no precisó en su declaración si el juez Puente motivó su decisión, pero el general López Malo sí contó durante la suya que su compañero le había relatado ese episodio y le había dicho que el magistrado alegó que esa investigación estaba “judicializada” y “no debía ser objeto de una investigación paralela de carácter administrativo”.En su visita a la Dirección General de la Guardia Civil, la UCO requirió las informaciones reservadas y expedientes administrativos “de cualquier naturaleza” desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad que se hubieran abierto contra personal de esa unidad. Según consta en el sumario judicial, los agentes se llevaron expedientes con fechas del 2 de diciembre de 2024; o del 11 de enero de 2025; del 1 de septiembre de 2025. Además, incautaron correos electrónicos que tenían asuntos como “propuesta asuntos despacho”, “campaña descredito UCO”, u “orden incoación información reservada gral cortes”.