La imputación ha dejado definitivamente de ser una "línea roja" para el Gobierno de Pedro Sánchez. Si durante años el PSOE fue rebajando sus normas internas hasta situar el listón en la apertura de juicio oral —e incluso dio un paso más en su último Congreso Federal al introducir excepciones para mantener a cargos procesados si alegaban lawfare—, en la práctica Moncloa ha desplazado ahora ese umbral más allá tras los casos de corrupción que cercan al PSOE y al Gobierno. Fuentes gubernamentales reconocen abiertamente que la decisión de mantener o cesar a un cargo ya no depende de que un juez acuerde su imputación, sino del "contenido" y de los indicios que la sustenten. En otras palabras, en Moncloa ya no basta con que un juez abra una investigación para retirar la confianza política de un cargo: la continuidad pasa a depender de una valoración política de la causa y no de la situación procesal en sí.Ese criterio explica el respaldo sin fisuras a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, tras su imputación por el caso de las presuntas cloacas del PSOE. Tanto es así que ambos permanecerán en sus puestos pese a estar investigados. Es una estrategia que también aplicó con la gerente socialista, Ana María Fuentes, con la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, junto con otra veintena de cargos de empresas públicas, y en su momento con el que era fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La evolución también resulta significativa porque el PSOE llegó al Gobierno en 2018 haciendo de la ejemplaridad contra la corrupción una de sus principales banderas. Tras los casos que afectaron al PP, Sánchez defendió que las responsabilidades políticas debían exigirse antes de que llegaran las penales y endureció el discurso sobre los cargos investigados. Sin embargo, ese listón ha ido bajando conforme las investigaciones judiciales se desplazaban hacia el entorno del propio PSOE.Poco después de la llegada de Sánchez al Gobierno, la imputación dejó de ser el criterio automático para exigir dimisiones y el partido situó el umbral en la apertura de juicio oral, una posición que justificó en la defensa de la presunción de inocencia, que en los últimos meses se ha convertido en toda una consigna para el PSOE, sobre todo, en lo que tiene que ver con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Si bien, aunque el Gobierno mantiene su apoyo a Zapatero, ya no lo hace en los mismos términos que al principio. Ahora la estrategia de Moncloa pasa por blindar la actuación del Estado, insistiendo en que el rescate de Plus Ultra se ajustó a la legalidad y que ahí no existe ninguna irregularidad. De hecho, Hacienda se ha personado como perjudicada contra Zapatero por las joyas encontradas en su despacho después de ofrecérselo el juez.Pero el paso más significativo en la estrategia del PSOE frente al creciente frente judicial llegó en el Congreso Federal de Sevilla, celebrado a finales de 2024, pocos meses después de estallar el caso Koldo. El partido introdujo entonces una excepción en sus estatutos para permitir que un dirigente pueda seguir en el cargo incluso tras la apertura de juicio oral si la Comisión Federal de Ética y Garantías considera que la causa puede responder a una actuación judicial con motivaciones políticas, es decir, a un supuesto de lawfare. La modificación se interpretó como una vía para dotar al partido de margen de maniobra ante procedimientos que considerase infundados o instrumentalizados políticamente. Y el contexto era el propicio para ese cambio: ya estaban abiertas las investigaciones sobre la mujer y el hermano de Sánchez, el caso Koldo empezaba a estrechar el cerco sobre Santos Cerdán y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acababa de ser imputado apenas dos meses antes.Pero la línea se ha movido incluso más tras el avance de estas causas y la cascada de imputaciones que afectan al presente del partido y también a las actuales instituciones del Gobierno. En Moncloa ya no basta con atender a la fase procesal en la que se encuentra una causa. La decisión de mantener o no a un cargo pasa, según reconocen desde Moncloa, por una valoración del "contenido" de la imputación, es decir, por un juicio político sobre la solidez de los indicios o la gravedad de los hechos atribuidos. Ese criterio les permite, al menos a nivel de argumentario interno, sostener que las imputaciones puedan recibir respuestas distintas.En Moncloa ven una distinción clara entre casos, por lo que ya rechazan poner umbrales según el momento procesal: mientras que con su exministro José Luis Ábalos y con Santos Cerdán les retiraron el apoyo antes incluso de que fuesen imputados, el cierre de filas fue total desde el principio cuando imputaron a la mujer y al hermano del presidente.Pero no solo se limitan a la familia de Sánchez, sino a otros casos de su entorno, ya sea dentro del PSOE o en el organigrama de la Administración. Fuentes socialistas reconocen que mantener en el cargo a imputados "claro que desgasta", pero apuntan a que la militancia ve un claro caso de "acoso y derribo" contra Sánchez. "La militancia está con Pedro", apunta este dirigente. En este sentido, Moncloa ha mantenido el respaldo a la gerente del PSOE, investigada en la causa de las presuntas cloacas; también a la presidenta de la SEPI y a otra veintena de responsables de empresas públicas. Ha hecho lo propio con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, una dirigente de la máxima confianza de Pedro Sánchez desde hace años, así como con el director adjunto operativo, Manuel Llamas, pese a que ambos están siendo investigados por el juez Pedraz.Más margen a medida que escalan las causasEse cambio de criterio coincide además con una realidad política distinta a la de los primeros años de Sánchez en el poder. Las investigaciones judiciales ya no afectan únicamente a dirigentes territoriales o cargos de segundo nivel, sino que alcanzan a personas situadas en el organigrama del PSOE y del Gobierno, vinculadas estrechamente con el entorno del presidente. A medida que las imputaciones han ido escalando, también lo ha hecho la flexibilidad con la que Moncloa interpreta cuál debe ser el momento de exigir responsabilidades políticas.La evolución de la línea roja del PSOE ha quedado reflejada en su propia normativa interna, pero sobre todo, en la propia doctrina de Sánchez. Si durante años la imputación se esgrimió como un motivo suficiente para apartar a un cargo, el Gobierno asume ahora que ese umbral ha quedado atrás y que no provocará ceses sin la existencia de indicios sólidos que apunten a una culpabilidad clara.