La tensión entre la judicatura y el Gobierno de Pedro Sánchez es cada vez más insostenible. La justicia no descansa y ayer dio a conocer otro nuevo frente contra el Ejecutivo socialista. La Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha citado como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por considerar que existen indicios de delito de prevaricación y obstrucción a la justicia. Ambos serán interrogados por el juez Santiago Pedraz el próximo 16 de julio. Varios miembros de la Guardia Civil declararon hace unos días ante el magistrado que recibieron órdenes del propio DAO de “mirar para otro lado” o ponerse de “perfil” en las investigaciones judiciales que afectaban a partidos políticos. La acusación sostiene que esta orden tiene que ver con la campaña dirigida por la exmilitante socialista Leire Díaz, que habría montado una trama para frenar las investigaciones del instituto armado.El paso adelante del juez Pedraz, basado en los informes de la Fiscalía, no afectó a la posición del Gobierno, que mantiene su confianza en la inocencia de la directora general y la de su DAO. “Total normalidad y transparencia, porque no hay nada que ocultar”, declararon desde la Moncloa. “Estamos convencidos de que Mercedes González dará las explicaciones pertinentes”, añadieron.El presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en la MoncloaDani DuchEl pasado lunes, el mismo juez dictó otra providencia donde imputa a 25 personas por presuntos amaños relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Entre las personas incluidas en esta investigación destaca la de la actual directora de este organismo, Belén Gualda. A todo ello, se suma la amenaza latente, a partir de las investigaciones policiales, de que el PSOE puede ser acusado de financiación irregular por los pagos efectuados a Leire Díez.Son demasiados frentes abiertos, más allá de los que afectan a José Luis Rodríguez Zapatero, o al entorno familiar del presidente. No será fácil para Sánchez resistir todo este acoso judicial. Parece como si alguien hubiera tocado a rebato para evitar que el Gobierno llegue vivo al 2027. Y, al mismo tiempo, la alternativa política de la derecha se consolidó ayer aún más con el pacto en Andalucía.Director de La Vanguardia desde marzo de 2020. Ha trabajado como redactor en las secciones de Política, Sociedad y Ciudades de La Vanguardia, donde entró en 1992