El 3 de julio de 2013, la plaza de la Mare de Déu de València se llenó de miles de personas que clamaban por la reapertura de la investigación judicial y política del accidente del metro ocurrido siete años antes. Las revelaciones periodísticas publicadas meses atrás, plasmadas en el histórico programa Salvados, pero también en decenas de informaciones de Levante-EMV, la edición valenciana de El Mundo y el documental 0 responsables, de Barret Films, sacaron a la gente a la calle y propiciaron la reapertura de la causa gracias al impulso de la Fiscalía Anticorrupción. Dos años después, el cambio de gobierno en la Generalitat tras las elecciones de 2015 se tradujo también en una nueva comisión de investigación en Les Corts Valencianes.
Pero hasta llegar a ese respaldo social, mediático y político, la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J recorrió una larga travesía por el desierto del silenciamiento institucional y judicial. No hubo ni una sola dimisión en el Gobierno de Francisco Camps —de ahí el lema «43 muertos, 0 responsables»— ni grandes manifestaciones que llenaran las calles de València exigiendo respuestas. En algunas de las concentraciones que la asociación convocaba cada día 3 de mes en la plaza de la Mare de Déu apenas se reunía una veintena de personas. Y, casi siempre, eran únicamente miembros del colectivo que luchaba para que la muerte y las heridas de sus familiares no cayeran en el olvido.
