El mérito es todo suyo, casi de nadie más. De las familias de los 43 fallecidos y de los 47 heridos, algunos con secuelas terribles, que fueron víctimas del accidente del metro de València ocurrido el 3 de julio de 2006, hace ahora 20 años. Es mérito suyo porque fueron estas familias las que lucharon hasta lo indecible para que se hiciera justicia, para que se dirimieran las responsabilidades políticas y para que la tragedia no cayera en el olvido, como así intentó, por todos los medios, la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps. El expresident, desde el minuto uno del accidente, quiso sepultarlo ante la opinión pública ante la inminente llegada del Papa Benedicto XVI a València, los días 8 y 9, es decir, días después.Volvamos a las víctimas, las mismas que nunca fueron recibidas por Francisco Camps. Desde el primer día observaron que el PP, hegemónico en las instituciones (mayoría absoluta en todas) y con el viento electoral a favor, activó todos los mecanismos del poder para que el accidente quedara apartado del imaginario colectivo. Primero ofreciendo una versión oficial para eludir la responsabilidad de los responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV): la que decía que la culpa fue del maquinista y del exceso de velocidad. En el terreno político se convocó una comisión de investigación en las Corts Valencianes a la que se dio carpetazo en dos días y en la que se impidió la comparecencia de los principales responsables técnicos y políticos. Tuvo que llegar el gobierno del Botànic de Ximo Puig en 2015 para que se activara una segunda comisión de investigación que sí dirimió las responsabilidades políticas del PP. Finalmente la vía judicial fue un suplicio, con varios archivos del caso de la instructora hasta que finalmente se logró imputar a los directivos de FGV que reconocieron que las medidas de seguridad no fueron las óptimas para la línea de metro. Un dato más: fue tal la obsesión por forzar el olvido que se cambió el nombre a la estación de Jesús, en la que se registró el accidente. La protesta pública obligó a mantener el nombre. La presidenta de la Asociación Víctimas del Metro del 3 de Julio, Rosa Garrote, deposita un ramo de flores en el lugar del accidenteEFEPero los que seguimos el caso desde el primer día, en una jornada en la que sin contabilizarse el número de muertos ya se difundió la versión oficial, no podemos olvidar como, pasado un tiempo, los representantes de las víctimas, encabezados por Enric Chulio, Beatriz Garrote y después por su hermana Rosa, se citaban el día 3 de cada mes, con sol, frío o lluvia, en la Plaza de la Virgen casi solas, para que sus familiares no cayeran en el olvido. La opinión pública las había olvidado, con dignas excepciones, hasta que Jordi Évole, en su Salvados, en un capítulo titulado Los olvidados, en abril de 2012, recuperó la digna lucha de las víctimas y reactivó la memoria de un siniestro sobre el que no se había dicho toda la verdad.Aquel programa devolvió el interés sobre el accidente en un momento en el que el PP veía amenazada su hegemonía y en el que los casos de corrupción explotaban cada día en todas las instituciones que gobernaban. Salieron, además, documentos y pruebas que se ocultaron durante años, y se supo que la manipulación había llegado incluso a los testigos que debían declarar ante las comisiones de investigación y ante la Justicia, o que no se guardaron correctamente piezas físicas, como la caja negra, tras el siniestro. La periodista valenciana Laura Ballester, en su libro Luchando contra el olvido (UOC) detalla la amplia lista de irregularidades que se cometieron desde FGV en la custodia de las pruebas y en la colaboración para esclarecer un suceso que, años después, se confirmó que se podría haber evitado. Ahora, 20 años después, las familias saben que han logrado casi todos sus objetivos para rendir la digna memoria de los fallecidos. Pero nunca dejarán de recordar el dolor que durante años sufrieron por parte de aquellos que, con todos los recursos a su alcance, intentaron, sin éxito, que fueran olvidadas.La Asociación tiene previsto cesar su actividad una vez acabe la restauración del memorial de las víctimas que ha pagado el Ayuntamiento de València. Será el último capítulo de una lucha que ha sido, para los valencianos, un ejemplo de dignidad.Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991