Pocos minutos después de que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP votaran este jueves a favor del Plan Estatal de Vivienda que busca repartir 7.000 millones para políticas de vivienda al mismo tiempo que amenazaban con llevarlo al Supremo por invasión de competencias, el alto tribunal publicaba una sentencia que tumbaba el registro único de pisos de alquiler de temporada y habitaciones por el mismo motivo: las competencias son de las comunidades. El Ministerio de Vivienda acató la sentencia, pero reivindicó la norma y acusó a los gobiernos del PP de que “les molesta más quién persigue el fraude que el fraude”. Esta no ha sido ni la primera ni la última sentencia del Supremo que frena medidas estatales en vivienda a petición del PP: ya son varios los gobiernos autonómicos que amenazan con llevar a la justicia los requisitos que impone el Plan Estatal.
La principal condición cuestionada es la obligatoriedad de que la vivienda protegida (VPO) sea indefinida en todas las viviendas que se hagan con fondos estatales. “Es inconstitucional”, decía el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, pocos minutos antes de votar a favor del plan en la conferencia intersectorial de este jueves, y amenazaba con llevarlo al Supremo. De hecho, la inconstitucionalidad de que el Gobierno imponga la vivienda protegida para siempre la determinó el alto tribunal tras un recurso de la comunidad en Andalucía en 2024 y la sentencia impidió que esta condición estuviera en la Ley de Vivienda. Pero fuentes del Ministerio advierten que esto es diferente, porque “no se impone a las comunidades que hagan su vivienda protegida indefinida, sino que tan solo aplica a las que se hagan con los fondos estatales”. El Supremo, cuando llegue el recurso, tendrá la última palabra.
