La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acordado este jueves el reparto territorial de los 7.000 millones de euros de los que se compone el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la conferencia sectorial junto a los consejeros del ramo de las distintas comunidades autónomas. Pese al rechazo que han venido expresando los representantes autonómicos del Partido Popular a la composición y el despliegue de los fondos que establece el plan, por considerar que vulnera competencias, ninguno de ellos ha votado finalmente en contra de la recepción de estos fondos. Superado ese trámite, cada territorio deberá ahora firmar un convenio bilateral con el Estado, y quienes antes lo ejecuten podrían disponer de los fondos a partir del segundo semestre del año, según el compromiso que adquirió en su día la ministra.“Es una buena noticia para el ministerio, pero sobre todo para la ciudadanía, que está esperando respuestas eficaces”, ha celebrado Rodríguez. “Han sido muchos meses de trabajo, de diálogo, en los que no solo hemos hablado con las Administraciones públicas, las comunidades y los ayuntamientos, sino también con la sociedad civil, de la que hemos recibido 400 propuestas de entidades sociales”, ha detallado. “Ojalá cunda el ejemplo y sigamos avanzando en otros acuerdos necesarios”, ha deseado.Pese a la postura compartida por el conjunto de los consejeros autonómicos, la distribución de los 7.000 millones de euros de los que se compone el plan estatal —que supera ampliamente los fondos del anterior para 2022-2025― no requería, formalmente, de un resultado mayoritario (ni simple, ni unánime) de la votación. Bastaba con que aquellas comunidades que se mostrasen favorables a recibir su parte correspondiente acordasen la forma de hacerlo. Sin embargo, tal y como ha defendido la ministra, la voluntad de su departamento ha sido la de alcanzar “consensos” que permitieran un despliegue conjunto de los fondos por todo el país.Pese al sentir afirmativo final que se ha extendido durante los pronunciamientos de los consejeros, las manifestaciones previas de algunos dirigentes del PP han evidenciado su malestar latente. “Consideramos que es un acto propagandístico del sanchismo y que lo único que pretende es condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda que tenemos todos los españoles y especialmente nuestros jóvenes”, ha apuntado Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. El representante madrileño, que ha hablado en nombre del resto de mandatarios populares, ha vuelto a denunciar que, en opinión de su formación, el plan diseñado por Vivienda se ha hecho “a espaldas de las comunidades autónomas”, y que estas se han enterado del mismo por la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE).La ministra Rodríguez ha desmentido esa afirmación, detallando que se han producido “hasta una treintena de reuniones” a lo largo de los últimos meses. Rodrigo también ha acusado al Gobierno de “intentar imponer” su “agenda ideológica” y “políticas nefastas de vivienda” a los gobiernos autónomos, y no ha descartado que puedan presentar futuros recursos ante el Tribunal Supremo en cada una de sus regiones. Es algo que desde el Ministerio consideran ilógico, puesto que retrasaría la recepción acordada de los fondos.Aportación conjuntaEl plan, que fue anunciado prácticamente hace un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en Barcelona, se aprobó el 21 de abril en el Consejo de Ministros. El nuevo programa cuenta con fondos estatales, pero también exige a las comunidades una aportación: el 60% corre a cargo del Estado, mientras que el 40% restante deberá salir de las arcas autonómicas. Sin embargo, para aligerar su puesta en marcha, el Ministerio se ha ofrecido a hacer frente en solitario al montante total correspondiente al primer año, para dar más facilidades a las comunidades.La forma de emplear los 7.000 millones de euros finales también está fijada en el plan: el 40% deberá destinarse a la construcción de vivienda pública asequible, que además mantendrá su condición de protegida de manera indefinida; el 30% irá para obras de rehabilitación de vivienda (que pueden llegar a los 30.000 euros) que incorporar al parque público; mientras que el 30% restante se compone de ayudas para colectivos vulnerables para el alquiler (de hasta 300 euros) o la adquisición en territorios rurales.El hecho de que las viviendas que se construyan con fondos estatales no puedan incorporarse al mercado libre en el futuro ―en promociones anteriores solía incorporarse una cláusula que lo permitía a los 20 o 30 años― es la que ha concentrado las mayores críticas por parte del PP. Consideran que vulnera las competencias en materia de vivienda que por ley tienen transferidas las comunidades. “Este esfuerzo de miles de millones de euros no puede desaparecer en una década; tiene que formar parte del patrimonio de los españoles para que no se venda al mejor postor”, ha justificado al respecto la ministra.El asunto ya fue objeto de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional cuando este tuvo que examinar la ley estatal de vivienda aprobada en 2023. El texto de la norma recogía esa obligación de que toda la vivienda protegida que se construyera mantuviera esa característica a perpetuidad, algo que algunas comunidades ya han legislado desde hace años. Los jueces anularon el precepto, al considerar que invadía competencias, pero mostraron otro camino al Gobierno: dicha condición se puede imponer si en la promoción de esas casas protegidas hay fondos estatales, pero las comunidades tienen la última palabra cuando las impulsan exclusivamente con recursos propios. 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