El Gobierno central y 15 de las 17 comunidades (Euskadi y Navarra no participan por la singularidad foral), además de Ceuta y Melilla, sellaron el pasado jueves el reparto de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Pese a las críticas del PP, repetidas hasta el final, todas las autonomías aceptaron el despliegue de fondos, por el cual recibirán en conjunto bastante más del triple de lo que obtuvieron con el plan 2022-2025. La vivienda es el mayor problema social de España y la principal causa del malestar económico de la clase media. Resolverlo exige la colaboración entre el Ejecutivo central, los autonómicos y los ayuntamientos, dado que es un asunto en el que las competencias están repartidas entre todas las administraciones. Esta cooperación entre administraciones es el precedente que hay que celebrar del pacto, pues muestra el único camino posible para resolver un asunto estructural en el que ningún nivel de gobierno puede hacer mella a largo plazo y cambiar las tendencias de fondo con medidas unilaterales. Baste como ejemplo la sentencia del Supremo conocida el mismo día que anuló el registro único de alquileres turísticos: el Gobierno no puede actuar por libre, por bien orientados que estén sus objetivos. Igualmente, hay que exigir al PP más lealtad y altura de miras. No se puede aceptar partidas multimillonarias y a la vez dejar la puerta abierta a futuros recursos por invasión de competencias.El plan, aprobado por el Consejo de Ministros a finales de abril, establece que el Estado asumirá el 60% del gasto; el otro 40% saldrá de las arcas autonómicas. Una de sus mayores novedades es que las viviendas protegidas serán siempre públicas y no podrán venderse nunca en el mercado libre, lo que impedirá especular con ellas. La medida es lógica en un país donde se han edificado 2,7 millones de pisos protegidos en los últimos 45 años, y la mayoría han acabado en el mercado libre. La consecuencia es que España, a pesar de esta inversión colectiva, está en los últimos puestos de la Unión Europea en vivienda pública. Del presupuesto del plan, un 40% irá a la construcción de vivienda nueva asequible; otro 30%, a la rehabilitación para que se sumen al parque público; y el 30% restante se repartirá entre los colectivos con más dificultades para acceder a una vivienda, como los jóvenes o las personas vulnerables.El 41% de los españoles sitúan la vivienda entre los tres principales problemas del país, según el CIS. No hacen falta estadísticas, sino atender a la realidad diaria, para comprender la gravedad de una emergencia social resumible en un dato: en la última década, el precio medio de la vivienda ha acumulado una subida superior al 75%, mientras los salarios lo hacían por debajo del 20%. No hay mayor angustia económica para la clase media y la juventud, ni mayor preocupación que pueda alentar la desafección de los ciudadanos en las instituciones si no ven que los anuncios de ambiciosos planes se traducen en mejoras concretas de su vida. Solo el acuerdo y la visión de largo plazo pueden mitigar un drama que debilita los fundamentos del contrato social.