Fevitur, la federación estatal de alquiler de corta duración, calcula un perjuicio de 33.000 euros por vivienda y estudia presentar reclamaciones patrimoniales
Los propietarios de viviendas turísticas han anunciado esta mañana una ofensiva legal tan solo un día después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por la que anuló el registro único de alquileres de corta duración, impulsado por el Ministerio de Vivienda y gestionado por Registradores de la Propiedad. La supresión de ese registro supone un cambio de situación para las 111.000 viviendas a las que les fue denegada la licencia, a pesar de que algunas contaran con la autorización de la comunidad autónoma donde operaban. Los propietarios dan por hecho que la anulación del censo les permite volver a alquilar las viviendas.
Pero los dueños de las viviendas no se contentan con poder volver a operarlas. Fevitur, la patronal nacional del alquiler de corta estancia, que representa a unas 526.000 viviendas de uso turístico y 350.000 alojamientos temporales, está valorando presentar reclamaciones patrimoniales frente al Estado que podrían alcanzar los 160 millones de euros, según sus cálculos. “No hablamos de una cuestión teórica ni de un simple matiz jurídico: hablamos de miles de familias y empresas que, cumpliendo toda la normativa autonómica, han visto limitada o bloqueada su capacidad de operar por un modelo que el Supremo acaba de tumba”, señala Silvia Blasco, presidenta de Fevitur.
