La Junta de Andalucía y la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos han llegado hasta el Supremo para tumbar la ventanilla única creada por el Ejecutivo
España, que el Gobierno presentó como un alumno aventajado del nuevo reglamento europeo sobre alquileres de corta duración, se acerca a un choque legal y político justo cuando esa norma comunitaria va a entrar en vigor. Urgido por el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos y la crisis inmobiliaria, el Ministerio de Vivienda promovió, bajo el amparo de esa normativa, la creac...
ión del Registro Único de Alquileres. Este censo estatal obligatorio, que entró plenamente en vigor el pasado 1 de julio, obliga a identificar y controlar las viviendas que alquilan a turistas en plataformas como Airbnb o Booking, pero también cualquier otro inmueble que se comercialice como un arrendamiento de temporada. La gestión del sistema digital fue otorgada a los Registradores de la Propiedad, que tenían que evaluar si las viviendas cumplían los requisitos legales para poder comercializarse en plataformas a través de internet.
Esto significaba que todos los propietarios de viviendas de uso turístico que habían obtenido licencias a través de las comunidades autónomas, las competentes en materia de turismo, debían pasar por otro control para comercializar sus viviendas en plataformas en línea. El choque estaba servido, ya que el registro fue mal recibido tanto por parte del sector como por algunas comunidades. El mejor exponente es Andalucía, donde en los meses que han transcurrido desde la entrada en vigor del registro único estatal se han rechazado 21.872 licencias de arrendamiento turístico. En el censo autonómico constan 166.016 inmuebles autorizados para esta actividad.
