Editorial Expansi�nActualizado 22
MAY.
2026 - 12:18La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodr�guez.Alberto OrtegaEuropa PressEl Tribunal Supremo rechaza que la crisis de la vivienda justifique los atajos legales como imponer un registro nacional sobre los auton�micos.El fallo del Tribunal Supremo que invalida el registro nacional obligatorio de pisos tur�sticos por considerar que invade las competencias auton�micas es un acertado recordatorio para el Gobierno de que ninguna situaci�n de emergencia socioecon�mica justifica el intervencionismo desmedido. Desde 2018, PSOE y Sumar -antes Podemos- han aprobado diversas medidas cada vez m�s restrictivas para tratar de frenar la subida de los precios de los contratos de arrendamiento, adem�s de impedir el trasvase de pisos desde el mercado del alquiler tradicional a otros segmentos alternativos por parte de los propietarios que trataban de huir de la inseguridad jur�dica creada por la propia Administraci�n central. Pero al toparse con la negativa de la mayor�a de los gobiernos regionales a ponerlas en marcha a sabiendas de los efectos contraproducentes que podr�an producir, el Ejecutivo busc� v�as para imponer su visi�n ideologizada de la regulaci�n inmobiliaria. El ejemplo paradigm�tico es la Ley de Vivienda, presentada como un hito por ser la primera de car�cter estatal en democracia pese a que esta materia es competencia exclusiva de las comunidades aut�nomas. El Constitucional controlado por la mayor�a progresista af�n al Gobierno reconoci� que se trataba de una invasi�n de competencias, pero la justific� en base al derecho a una vivienda digna y adecuada que recoge el art�culo 47 de la Constituci�n. En cambio, el Supremo rechaza que la crisis de la vivienda justifique los atajos legales como es imponer un registro nacional sobre los auton�micos ya existentes, hasta el punto de vaciarlos de contenido.Opini�nEditorialeconom�aInmobiliarioMercado inmobiliarioIsabel D�az AyusoValencia
