El auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recoge un ramillete de indicios sobre su presunta participación en una red de tráfico de influencias que derivan en contundentes acusaciones contra el expresidente del Gobierno. Sin embargo, las conclusiones del juez José Luis Calama no están siempre acompañadas de la prueba que supuestamente se habría obtenido en estos dos años de investigación. El análisis del escrito judicial plantea la incógnita de si el juez ha dejado en los informes de la Policía y la Oficina Antifraude las pruebas que sostienen sus acusaciones o si no hay más que las que presenta en el auto de 88 páginas y de las que se sirve para sostener la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
En el capítulo de indicios contra el expresidente destacan los abultados pagos recibidos por la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, tanto del amigo de su padre Julio Martínez Martínez como de dos hermanos venezolanos que tenían una sociedad “carente de actividad real”, según la Oficina Antifraude.
La imputación por organización criminal requiere de un grupo concertado para delinquir que prolonga su actividad en el tiempo. Pero más allá del presunto tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra, el auto solo menciona una supuesta gestión de Zapatero para que la compañía aérea fletara un vuelo a España que tenía prohibida su salida de Caracas. El juez le atribuye la dirección de esa organización criminal sin que conste la planificación del delito o las órdenes que pudo dar.
