El auto del juez José Luis Calama en el que se sustenta la investigación, imputación, contra José Luis Rodríguez Zapatero incluye un detallado relato de la operativa de una trama que quería obtener un crédito público para salvar una pequeña compañía aérea utilizando para ello influencias políticas al más alto nivel. Y aparentemente, al final lo consigue. Obtiene dos préstamos por un total de 53 millones de euros. Y Zapatero y sus hijas obtuvieron enormes ingresos.Un elemento clave del relato sobre los afanes de la trama en torno a Plus Ultra que recorre la resolución elaborada por el juez es que Zapatero transita por él cual fantasma. Se le nombra e invoca en múltiples ocasiones, también se le atribuyen poderes e influencias, incluso parece detectarse el eco de alguno de sus pasos, pero siempre de forma vaporosa. En realidad, aparte de la nada menor constatación de sus cuantiosos ingresos y los de sus hijas, no hay apenas huellas de sus movimientos. En rigor, un encuentro con un directivo del puerto franco de Dubái en el que se habría tratado sobre la creación de una sociedad en esa ciudad de los Emiratos Árabes a la que el juez presupone, aparentemente aún sin documentación, que se habría desviado parte del pago por las influencias ejercidas por la teórica trama a favor de Plus Ultra.La presión se centrará sobre Julio, ‘Julito’ Martínez. ¿Arrepentido y colaborador?¿Con qué funcionarios o políticos contactó? Se refiere un encuentro con José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, cuyo departamento de Tesorería certificaba que las empresas no tenían impagados, pero que no formaba parte de los órganos responsables de conceder los préstamos. De cualquier modo, se puede presumir que Zapatero podría haber realizado muchas gestiones sin necesidad de desplazarse al despacho de nadie.Es un auto en el que se infieren supuestos comportamientos del expresidente que aún están por demostrar. Calama considera el hecho de que Zapatero no deje rastro un indicio de su sobresaliente habilidad delictiva y no el resultado de un comportamiento natural. En la larga instrucción que se anuncia, y que durará bastantes años, no hay duda, será clave demostrar la intervención activa del expresidente en esos actos presuntamente criminales.José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado martesefem0565 / EFEPero, dicho eso, el magistrado Calama, señala en su escrito que el tráfico de influencias supone la “existencia de una influencia ejercida o simulada, orientada a la obtención de una resolución administrativa concreta y vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico pretendido”. Es decir, según el juez Calama, el delito existe por el hecho de hacer creer al que paga que esa influencia se ha ejercido, aunque no haya sido así.En este punto, otro personaje clave, el pagador de Zapatero, Julio, Julito, Martínez Martínez y sobre quien en Madrid ya cincelan perfiles respecto a su fortaleza o debilidad de carácter, será clave. Si se mantienen las dificultades para obtener pruebas de los supuestos movimientos de Zapatero, juez y fiscales podrían concentrar la presión sobre él. Una vez más, el arrepentido emergería como protagonista esencial, la llave maestra. Habrá que ver. Y en el caso de que sea que sí, si será en versión esperpento, Aldama (caso Ábalos-Koldo); o más útil y verídico, como Correa (caso Gürtel del PP)o Diego Torres (Urdangarin).No siempre es necesario pillar al supuesto jefe de una trama de tráfico de influencias con las manos en la masa. Si Plus Ultra accedió a un crédito con aval público que no debería haber obtenido, los beneficiados por esa ilegalidad, los que recibieron la presunta mordida, en este caso supuestamente Zapatero, que se habría llevado la parte del león, podrían ser condenados. Cui prodest, ¿A quién beneficia?Pero, ¿qué ocurriría si la concesión de ese crédito es legal? Es decir, ¿si se otorgó conforme a lo establecido por ley y no se vulneró ninguna norma al concederlo? Esto es lo que han sostenido y sostienen la SEPI y el ministerio del que forma parte, Hacienda. Y en su favor exhiben, además de la documentación interna de la operación (informes, certificados, análisis de auditoría de Deloitte), los aprobados del Tribunal de Cuentas, de la Intervención general del Estado, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE. Muchas medallas­ difíciles de retirar. Pero la legalidad del préstamo no elimina el delito de tráfico de influencias­.El juez, en su auto, duda de su legalidad y se refiere al informe de Deloitte y recoge que “señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea (Plus Ultra) para seguir funcionando y advertían de problemas graves de caja”. Pero, según la SEPI y Hacienda, constatar que la empresa estaba financieramente mal y no podía acceder al crédito bancario era una condición para acogerse al plan de financiación del Gobierno. Aunque hay quien defiende que ese plan era para empresas estratégicas en crisis coyuntural, algo que no se aplicaría a Plus Ultra. Hacienda no puede reconocer como irregular una operación que aprobó el consejo de ministros. Sería el final del Gobierno.Adjunto al director de La Vanguardia. Periodista especializado en información económica