El juez José Luis Calama sitúa el origen de la trama corrupta en la que implica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una reunión celebrada en el Ministerio de Transportes un día después de que se acordara el funcionamiento del fondo destinado a sacar de la quiebra a firmas que durante la pandemia se quedaron sin apenas actividad.
Ese día, 22 de julio de 2020, Rodolfo Reyes, socio de Plus Ultra, reenvía un mensaje de directivos de la compañía en el que cuentan el resultado de la reunión mantenida con los altos cargos del Ministerio: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura [secretario de Estado de Transportes] y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ”altas“ recomendaciones. Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes. El papel del Ministerio será únicamente ”hablar“ bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado”. El accionista Rodolfo Reyes contestó a ese mensaje: “Sí, bro [sic]. Nuestro pana Zapatero detrás”.
El juez instructor señala a continuación que apenas una semana después de aquella reunión, Plus Ultra contrató los servicios de asesoría de Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez Martínez, por 72.600 euros al año. Este empresario, a su vez, contrató los servicios de José Luis Rodríguez Zapatero por supuestos informes geoestratégicos. Calama sostiene en el auto de imputación que el liderazgo de Zapatero “no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”.
