El Consejo de Ministro acordó el rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 por un importe de 53 millones de euros al considerarla una empresa “estratégica”. Ese rescate pudo haberse realizado al margen de la ley. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cree que la compañía aérea no cumplía los requisitos establecidos en la normativa europea para ser rescatada. En el auto por el que se acuerda que el ex presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declare el próximo 2 de junio en calidad de investigado, el juez instructor repasa los pormenores del citado rescate. La normativa europea en esta materia, aplicable de manera temporal durante la pandemia del coronavirus, prohibía expresamente y de forma tajante rescatar a empresas que ya estuvieran en quiebra técnica antes del 31 de diciembre de 2019.Para el magistrado, todos los indicios apuntan a que Plus Ultra ya estaba en “situación de crisis” en la fecha marcada por la ley europea, pues llevaba ya un año en causa de disolución e insolvencia, lo que legalmente debería haber impedido el rescate. El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que se encargó de investigar este asunto antes de que recalara en la Audiencia Nacional, encargó un informe pericial sobre la situación económica de Plus Ultra en el momento de la concesión del rescate. “En este informe, elaborado por el perito Pedro Martín Molina, a modo de conclusión final, se expresa que la compañía Plus Ultra no cumplía” con los requisitos legales para ser rescatada. El contenido de ese informe pericial “suscita dudas más que razonables sobre cuál sería la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha, 31 de diciembre de 2019, y en consecuencia, sobre el cumplimiento de los condicionantes esenciales para la concesión de la ayuda pública”, indica el auto del juez. Añade el magistrado que “de esta forma, aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar”. Además, el juez pone en entredicho los informes presentados por la SEPI, la entidad a través de la cual se articuló el rescate, pues “fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte [la auditora que elaboró el informe pericial] señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de problemas graves de caja”.También ve el juez indicios de que Plus Ultra maquilló sus balances para hacerse con los 53 millones del codiciado rescate: “Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables, un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp -que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominicana-, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión”. Concluye el magistrado que “todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo”. Esta mañana ha comparecido en la comisión del Senado que investiga las presuntas irregularidades del Gobierno de Pedro Sánchez el auditor de las cuentas de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo, que dio el visto bueno a los balances de la aerolínea. Carbajo ha sido sometido a un duro interrogatorio por parte del senador del PP Salvador de Foronda, quien ha insistido, cuentas en mano, en que el rescate fue ilegal porque Plus Ultra “ya estaba en situación de disolución en el año 2019”.Carbajo se ha defendido asegurando que el informe pericial del que habla el juez Calama en su auto y las auditorías que él realizaba “son cosas totalmente diferentes”. “No he visto el informe pericial. Las auditorías son muy pautadas y tenemos que mirar aspectos muy concretos”, ha señalado Carbajo, quien ha explicado que no puso salvedades en sus informe de auditoría “porque no detectamos irregularidades”. “Como auditor no entré en las cosas de la SEPI”, ha añadido Carbajo. Tampoco indagó en el accionariado: “No sé quién está detrás de esas empresas. Yo miro la factura y veo si está pagada. No analizo de quién es. Mi obligación es mirar que esté contabilizada”. Y tampoco valoró si el dinero del rescate se destinó a pagar deudas y gastos de la empresa. El juez cree que sí, que los 53 millones de dinero público obtenidos por Plus Ultra fueron a parar “a sociedades que no formaban parte de la operativa normal de la aerolínea, con transferencias relevantes a empresas que no figuraban en ejercicios anteriores y no tenía relación directa con la actividad de Plus Ultra”.Licenciada en Derecho (UB) y en Periodismo (URL). Graduada en Estudios Literarios (UB). Máster AGT (Esade). Redactora de Cultura de La Vanguardia