El origen del caso Plus Ultra hay que situarlo en el rescate de la aerolínea Plus Ultra aprobado por el Gobierno en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado ex profeso el 3 de julio de 2020 por el Ejecutivo para ayudar a empresas afectadas por la pandemia de covid y que fue gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ese rescate de la aerolínea se sustanció el 9 de marzo de 2021 en dos préstamos por un total de 53 millones de euros, uno ordinario de 19 millones de euros a devolver en cinco años, y un segundo participativo de 34 millones que se tendría que reembolsar en siete años, en 2028. PublicidadCinco años después, Plus Ultra ha devuelto solo 12 millones en intereses y nada del préstamo principal, según reconoció la propia empresa en una nota de prensa publicada el pasado 28 de marzo. El Gobierno hace las mismas cuentas: confirma a Público que Plus Ultra ha pagado esos 12 millones en intereses y añade que en marzo de este año la aerolínea aplazó 19 millones de euros del principal "debido a la subida del coste del queroseno y los cierres en Venezuela".La aerolínea también informaba en ese comunicado que estaba renegociando el calendario de amortización de los créditos gestionados a través del fondo de solvencia, aunque no dice nada de esos 19 millones de euros que ha aplazado del principal. "SEPI y Plus Ultra han comenzado la revisión del plan de negocio realizado en 2021", afirma la aerolínea en la nota. La compañía pretende así retrasar los vencimientos fijados para mediados de este año en el caso del préstamo ordinario y para 2028, en el participativo, y adaptarlos así a su situación financiera."En este momento, el FASEE está estudiando el plan de viabilidad de la compañía que permita garantizar la viabilidad de la compañía y la devolución de los fondos", explica el Gobierno sobre la devolución de los préstamos. Tras dejar claro en ese comunicado que se encuentra "al día en sus obligaciones con el organismo público y mantiene sus compromisos de devolución de los préstamos concedidos en 2021", Plus Ultra también recordaba que la posibilidad de renegociar las condiciones del préstamo está recogida en el propio reglamento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. PublicidadEl rescate de Plus Ultra combina dos tipos de financiación: deuda ordinaria y deuda participativa. En el primer caso, se trata de un préstamo normal que implica una devolución del montante principal e intereses según un calendario pactado entre las partes. El préstamo participativo tiene un carácter más flexible; en realidad es un instrumento de financiación híbrido, a medio camino entre un préstamo tradicional y una inyección de capital. Además, suele vincular parte de su remuneración a la evolución de la empresa. Plus Ultra cifra en 114 millones de euros "incluyendo pagos a la Seguridad Social, impuestos, creación de empleo y abono de intereses de la financiación" su contribución directa a la economía, pero también reconoce que tiene que adaptar sus previsiones económicas iniciales "a un entorno que ha experimentado cambios significativos en los últimos años". La tensión geopolítica, la volatilidad del precio del combustible y el aumento de los costes del sector aéreo son los tres factores que están influyendo en la situación financiera de la empresa. Plus Ultra fue una de cuatro aerolíneas españolas, junto a Air Europa, Air Nostrum y Volotea que recibió préstamos de la SEPI. De las cuatro, Air Europa, que recibió 475 millones de euros del fondo de solvencia, es la única que ya ha devuelto la totalidad de la ayuda, más los intereses correspondientes. Lo hizo el pasado mes de noviembre, un año antes de que expirara el plazo.PublicidadAir Nostrum recibió 111 millones y ya ha amortizado 20 además de pagar otros 21,6 en intereses. Sin embargo, Volotea, que recibió una inyección de 200 millones de euros en junio de 2022 a través de un préstamo participativo, ha logrado una extensión de su calendario de vencimiento hasta 2029, algo que también busca Plus Ultra.El fondo de solvencia gestionado por la SEPI nació con un presupuesto máximo de 10.000 millones de euros destinados a conceder créditos de distinto tipo a empresas con problemas financieros por la pandemia. Fueron 73 empresas que optaron a las ayudas de la SEPI, aunque finalmente solo 30 recibieron los préstamos por un importe de 3.255,8 millones de euros. Ese fue el balance que hizo la propia SEPI cuando cerró la actividad del fondo en julio de 2022. Aunque el fondo ya no esté activo, las empresas beneficiarias tienen que seguir devolviendo los préstamos de acuerdo con un calendario de amortización. Controversia desde el primer momentoEl rescate de Plus Ultra estuvo salpicado desde el primer momento por la controversia política y las demandas en los tribunales. Su inclusión en la lista de empresas que recibieron dinero público levantó muchas ampollas: muchos dudaron de que esta aerolínea cumpliera los requisitos que estableció el Gobierno para poder optar a las ayudas. Las compañías que optaran a los préstamos de la SEPI tenían que cumplir una serie de requisitos: tener centros de trabajo en España; no estar en crisis antes de la pandemia; no haber solicitado la declaración de concurso voluntario; además, la empresa beneficiaria también tenía que aportar un plan de viabilidad económica y, sobre todo, tenía que ser considerada "una empresa estratégica para el tejido productivo y económico nacional o regional".La calificación de Plus Ultra como empresa estratégica provocó muchas dudas por el tamaño de una empresa que solo tenía (y tiene) siete destinos regulares (Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Cartagena, Caracas, Lima y Tenerife) y una flota de siete aviones.Hay, además, otra sombra que apunta el ya histórico auto del juez José Luis Calama en el que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero. En su escrito, el juez Calama recuerda que la empresa que quisiera beneficiarse de las ayudas del fondo de solvencia de la SEPI tenía que "hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes". Sin embargo, el juez Calama también señala que un informe del asesor externo contratado por la SEPI para la concesión de la ayuda pública señalaba que en octubre de 2020 Plus Ultra facilitó "una resolución estimatoria del aplazamiento de una deuda preexistente contraída con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta deuda, ascendía a un importe de 451. 954,79 euros". PublicidadEn este sentido, fuentes del Gobierno aseguran a Público que "Plus Ultra ha cumplido todos los requisitos establecidos en la normativa que regula el fondo de solvencia". El Ejecutivo también apunta que el Tribunal de Cuentas avaló el rescate en un informe publicado el 27 de septiembre del 2024. "La SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación", afirmó entonces.Batalla en los tribunalesLa primera en plantear la batalla judicial por el rescate de Plus Ultra fue la derecha en bloque. Los presuntos vínculos de la cúpula directiva de la aerolíneas con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro enervaron al PP, Vox y Ciudadanos, que aún tenía representación en el Congreso. Vox presentó una querella en el Tribunal Supremo y Ciudadanos presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Esta última investigación se archivó rápidamente. Pero en julio de 2021, la jueza titular del juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid suspendió el rescate a Plus Ultra, a la que dio un plazo de cinco días para que acreditara la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del segundo préstamo de 53 acordado por la SEPI. Un mes después el mismo juzgado pero con otro juez desbloqueó la ayuda auqnue la investigación judicial prosiguió.PublicidadTras dos años de investigación, incluidas querellas de PP, VOx y el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias contra los gestores del fondo, la Justicia dictaminó que no existían indicios delictivos en la concesión de la ayuda a Plus Ultra. De hecho, el 5 enero de 2023, el juzgado de Instrucción 15 de Madrid dictó un auto de sobreseimiento provisional y archivo definitivamente la causa. Sin embargo, todo volvió a enredarse en 2024, cuando se empezó a sospechar que al menos una parte de los 53 millones del rescate de Plus Ultra acabaron en un uso indebido. La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia en la Audiencia Nacional ante la aparición de indicios desde Francia y Suiza de que el dinero público del rescate se había dedicado al blanqueo de capitales de fondos ilícitos procedentes de Venezuela. Pero ya no se investigaba la concesión de la ayuda a Plus Ultra, sino lo que se había hecho con los 53 millones. Y esos lodos terminaron por embarrar la figura de Zapatero.