El Gobierno se lanza en tromba a defender la legalidad y limpieza del préstamo de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra. Esa operación de rescate, consumada en marzo de 2021 en el marco de las políticas económicas desplegadas para paliar las consecuencias de la pandemia, está en el centro de la causa que investiga la Audiencia Nacional y en la que ha resultado imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que sostiene en su auto el juez Calama es que Zapatero podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias por, supuestamente, mediar con el Gobierno para hacer realidad ese rescate y cobrar después una comisión a través de empresas interpuestas. Un círculo vicioso de presunta corrupción que el Ejecutivo se esfuerza en echar por tierra, al menos en la parte que le afecta directamente.
Porque ya el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se lanzó el miércoles en la sesión de control del Congreso a advertirle a Pedro Sánchez que el entramado que describe el juez en su escrito no sería posible sin que hubiera implicación directa de su Consejo de Ministros. “Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir”, le dijo el líder del PP. Una tesis a la que se subió también la dirección de Podemos. “El auto pinta feo, y lo que quizá es más grave de todo es que, de confirmarse la información, es evidente que esto no se puede hacer sin el Gobierno, que esa decisión se toma desde el Consejo de Ministros”, dijo Ione Belarra.
