Este miércoles, un día después de que la Audiencia Nacional imputase al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido en el Senado Jesús Ángel Carbajo, el auditor contratado por la aerolínea Plus Ultra para auditar sus cuentas desde 2015. Carbajo ha reconocido que la contabilidad de la empresa reflejaba el pago de la comisión del 1% del rescate de 53 millones de euros que recibió la compañía al empresario Julio Martínez Martínez, fundador de la consultora Análisis Relevante, que tenía por cliente a Plus Ultra y para quien Zapatero realizaba informes.“El juez dice en el auto que la empresa Idella, con asentamiento en Dubái, cobró el 1% del rescate de los 53 millones”, le ha recordado el senador popular Salvador de Foronda: “Entonces yo le digo que esa salida está reflejada en la propia contabilidad”. “Sí, eso sí”, ha zanjado Carbajo. Aunque Idella no tiene asentamiento en Dubái. Esta empresa de Julio Martínez firmó con la aerolínea un contrato para cobrar el 1% del rescate. Seis días después, según el juez del caso, el expresidente Zapatero mandó constituir una sociedad off shore, Landside, participada al 100% por Idella y que iba a recibir la comisión. El auditor ha negado, con todo, que desde la compañía se le pidiese que enfocara su auditoría para que la empresa lograse un rescate o subvención, aunque ha reconocido que, ya dos años antes de la pandemia, la aerolínea no tenía liquidez. La Audiencia investiga si Plus Ultra desvió los 53 millones de euros que el Estado le inyectó en marzo de 2021.Carbajo ha insistido a lo largo de toda su declaración en que no supo, al realizar el informe de auditoría de 2019 —el último antes del rescate de 2021— que la empresa iba a solicitar ayuda alguna. Además, ha recordado que en su informe incluyeron una serie de advertencias (un párrafo de énfasis, en la jerga) sobre los problemas de la empresa. En él, hablaban de una “incertidumbre material”. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que la empresa tenía por entonces un fondo de maniobra negativo, de 7.679.593,37 euros —esta magnitud financiera mide la liquidez a corto plazo de la empresa: la que le permite, por ejemplo, pagar sueldos— y un patrimonio neto de 1.736.681,11, lo que suponía, de por sí, una causa de disolución. Sin embargo, y de acuerdo con lo que permite la normativa contable, la aerolínea contabilizó como patrimonio los seis millones de un préstamo participativo que tenía —un contrato híbrido entre un préstamo y una entrada en el capital, que permite participar en una sociedad sin ser accionista—, lo que permitió a la aerolínea evitar esa disolución. La transfusión de dinero público a empresas para que soportaran la crisis del covid-19 tenía una serie de condiciones: las beneficiarias debían haber entrado en la pandemia con equilibrio patrimonial; la inyección merecía un detallado plan de relanzamiento, también garantías en algunos de los casos e incluso la intervención del Gobierno en la gestión; y el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), iba a realizar un escrupuloso seguimiento del destino de los fondos. Tenían que cumplir un concepto indeterminado pero fundamental: ser dignas del calificativo de “empresa estratégica” para el país. Plus Ultra pasó el examen, con solo seis aviones y un ramillete de destinos en América (Bogotá, Buenos Aires, Cartagena, Caracas y Lima).Sobre estas condiciones ha incidido el senador popular Salvador de Foronda, que ha recordado al auditor que el informe pericial sobre la empresa dice que ya había falta de liquidez antes de la pandemia, lo que, en la práctica, habría impedido un rescate. “Yo no he visto el informe pericial, pero son totalmente diferentes”, se ha justificado el auditor. El senador ha insistido en que llama la atención que la compañía recibiese la inyección con el estado de sus cuentas de aquel momento, a lo que el auditor se ha limitado a subrayar que la asignación de subvenciones está fuera de sus competencias. En el auto emitido el miércoles, el magistrado afirma que Plus Ultra estaba ya en causa de disolución un año antes de recibir el rescate, que de ella salieron fondos a empresas que nada tenían que ver con su funcionamiento normal y que los funcionarios de la SEPI redactaron sus informes para justificar el rescate. “Yo no entro en el cumplimiento o incumplimiento de la SEPI, no es el trabajo de un auditor”, ha vuelto a insistir Carbajo. “La empresa tenía bastantes dificultades económicas por la crisis y lógicamente acudió a financiación”, ha afirmado el auditor, para justificar salidas de capital justo después del rescate. Por ejemplo, la devolución de un préstamo a la entidad panameña Panacorp o el pago de otros créditos financieros. Estas operaciones se investigan ahora como una desviación del dinero del rescate, que tenía por condición que la inyección estatal sirviese para sostener el funcionamiento normal de la empresa. “Podía haber entrado en concurso, si los accionistas lo hubieran considerado adecuado”, ha acabado reconociendo el auditor tras mucha insistencia de su interrogador. “Los accionistas no lo consideraron adecuado porque hablaron con el señor Zapatero y fue él el que lo movió todo con su amigo el señor Martínez”, le ha respondido De Foronda.