El sumario del juez José Luis Calama sobre el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra revela una grave irregularidad en la operación financiada con los recursos de la SEPI. Como el magistrado pone de manifiesto en el auto, todo rescate de este tipo se somete a la condición sine qua non de "encontrarse al corriente" de toda obligación tanto con la Agencia Tributaria como con la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2019. Pero éste no era el caso de Plus Ultra, ya que arrastraba una deuda con la última de las administraciones citadas, lo que no impidió que finalmente se beneficiara de la inyección de dinero público.La empresa negó la existencia de esa obligación y para ello contó con la ayuda de informes provenientes de la propia Seguridad Social, aunque posteriormente los auditores externos demostraron que la deuda seguía en pie.
En concreto, el sumario judicial revela cómo presentó la solicitud de acceso a la ayuda pública el día 1 de septiembre de 2020. Plus Ultra lo hizo adjuntando dos certificados de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad social.
El primero de ellos contaba "con la firma del subdirector general adjunto, José Luis Encinas Prado, en el que se refleja-que la compañía "no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social", explica el sumario.
