La campaña de las elecciones andaluzas ha puesto de manifiesto, una vez más, cuáles son los problemas económicos que los partidos perciben como los más preocupantes para la población. Al margen de la retórica habitual, con la que el gobierno trata de exhibir buenos resultados y la oposición pone el acento en lo que no funciona, cada parte dejó claro cuáles son los sectores que entienden más necesitados de protección. Hay matices, y más en Andalucía, pero la izquierda se suele centrar en los empleados que dependen directa o indirectamente de sectores públicos o que trabajan en grandes empresas, donde los sindicatos tienen presencia, mientras que la derecha prefiere poner énfasis en los autónomos y los pequeños empresarios. Unos señalan a la precariedad y los bajos salarios como los escollos más significativos, los otros apuntan al infierno fiscal (causado por el gobierno nacional). Aunque las condiciones laborales y los impuestos que se pagan sean asuntos relevantes, lo cierto es que son parte de un problema más amplio. Ya se trate de trabajadores por cuenta ajena, autónomos o pequeños empresarios, hay una constante que recorre los tres sectores: sus ingresos no son suficientes. Es una percepción que se ancla en la realidad, ya que se está perdiendo poder adquisitivo. La diferencia entre las buenas cifras macroeconómicas y una economía cotidiana más complicada reside en la subida de precios, habitualmente de bienes esenciales, que hace más difícil que muchas personas lleguen a fin de mes. El descontento, sin embargo, no arraiga únicamente en las clases con salarios más bajos. Otra parte de la población, que cuenta con recursos y que no sufre para llegar al día 30, también ve menguar el dinero del que dispone. Los ciudadanos de segunda No es una cuestión políticamente menor. Uno de los elementos que más perturban socialmente es la pérdida de ese excedente que permite contar con recursos para gastar en ocio, en socializar o en ese premio de coste reducido que la población suele concederse. Jérôme Fourquet lo denominaba "el pequeño extra", esa cantidad sobrante que permite salir a cenar a un restaurante con la pareja, ir con la familia al cine o a un parque de atracciones o compartir una comida con los amigos. Cuando las economías privadas se contraen y hay que eliminar esa clase de gastos, las personas suelen vivirlo "como una renuncia y como algo que los convierte en ciudadanos de segunda". El consumo incluye hoy un elemento anímico que sirve para compensar la dificultad de cumplir metas vitales El pequeño extra es importante en la medida en que introduce una suerte de equilibrio emocional. Las familias del pasado podían sacrificar la compra de bienes no esenciales o las salidas de ocio porque tenía un sentido: mientras se pagaba el piso o el coche, las letras de otros tiempos, el dinero disponible para gastos era escaso, pero al final del camino la recompensa era mayor. El consumo opera hoy de otra manera: ya que el ahorro no permite encaminarse hacia metas vitalmente importantes, como comprar una vivienda, destinar pequeñas cantidades a un viaje, una salida a un restaurante o a la compra de bienes, concede una satisfacción que la vida cotidiana no otorga. La pérdida de nivel de vida Una encuesta de Cofidis realizada en Francia el pasado septiembre ponía cifras a esa parte faltante, ya sea para llegar a final de mes o para contar con un pequeño extra. En el barómetro anual del poder adquisitivo publicado por la entidad financiera, los franceses afirmaban que, de media, les faltan 507 euros mensuales para vivir con cierta comodidad. Esa cifra aparece en un contexto en el que "los descubiertos bancarios afectan al 38% de los franceses, con una media de 411 euros mensuales, la cifra más elevada desde 2016". La encuesta se realizó meses antes de que el estrecho de Ormuz se cerrara y la guerra contra Irán amenazase con una recesión. El poder adquisitivo discrecional solo ha aumentado un 50% en 50 años