La medida separa las carreras de jueces y fiscales y, según la oposición, mermará su independencia. Aún ha de ser confirmada en un referéndum en primavera
El Senado italiano ha aprobado este jueves con la cuarta votación parlamentaria, necesaria para una modificación constitucional, una controvertida reforma de la justicia del Gobierno de derecha de Giorgia Meloni que prevé separar las carreras de jueces y fiscales y está llamada a marcar la pelea política en los próximos seis meses. Debe ser confirmada en referéndum en primavera, con fecha aún por fijar, entre marzo y abril....
La ley prevé una consulta en las urnas cuando una medida de este tipo no obtiene dos tercios de los votos parlamentarios. Por tanto, la batalla final, de resultado muy incierto por el dudoso interés de la población con este asunto, será dentro de seis meses. No se requiere un quórum mínimo, simplemente ganará la opción que obtenga más votos, al margen de la participación. Además de ser un asunto muy técnico, en la calle puede pesar que no se trata de una iniciativa para que la lentísima y desesperante justicia italiana funcione mejor, sino que se ve como una batalla casi exclusivamente política.
La reforma separa las carreras de jueces y fiscales (que en Italia investigan y hacen la instrucción de los casos), pues hasta ahora es la misma y podían cambiar de una función a otra a lo largo de su vida, aunque en realidad esta posibilidad ya se había limitado mucho y era marginal. Pero sobre todo dependerán de dos consejos superiores de gobierno distintos y es aquí donde se introduce el que es, en realidad, el cambio mayor: los miembros de la judicatura y la fiscalía en estos organismos ―dos tercios del total― se elegirán por sorteo, para acabar así, sostiene el Ejecutivo, con el poder del sistema de corrientes internas de las asociaciones de magistrados. Es como si en España los jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial se eligieran al azar. El otro punto más novedoso es que los organismos de gobierno dejarán de decidir sobre denuncias a los propios jueces, y se crea un Alto Tribunal Disciplinar externo para juzgar denuncias por errores judiciales.
