La futura ley de vivienda europea que prepara la Comisión Europea enfrenta al Ayuntamiento de Barcelona y a la patronal de los pisos turísticos sobre si se pueden cerrar en 2028, tal y como está dispuesto a hacer el alcalde Jaume Collboni. Las dos partes han hecho este martes una lectura opuesta del borrador de la primera legislación europea de vivienda que está previsto que se haga público este miércoles. Mientras Apartur cree que la futura norma “choca” con la intención del gobierno de la capital catalana; la número dos de Collboni, Laia Bonet, está convencida de que la futura norma avala el cierre de pisos turísticos con el argumento de que son para vivir y no pueden tener actividad económica.Apartur mantiene una guerra abierta el alcalde desde que en 2024 anunció su intención de cerrar los 10.000 pisos turísticos de la ciudad en 2028, amparado por el decreto en la materia de la Generalitat. En un comunicado, Apartur asegura que el Decreto-ley 3/2023 autonómico tiene “carencias” y es incompatible con los criterios que plantea la propuesta europea, que fijará por primera vez un marco europeo de legislación en vivienda e incluirá también los alquileres turísticos o de corta estancia. El texto es un borrador que está previsto que se presente este miércoles en Bruselas, donde está todavía en debate y tramitación parlamentaria. La patronal señala que el texto “cuestiona la eliminación de los pisos turísticos en Barcelona en 2028″ porque “fija condiciones muy estrictas para justificar cualquier restricción a los alquileres de corta estancia: proporcionalidad, seguridad jurídica, decisiones sustentadas en datos y evidencias, que se hayan valorado medidas alternativas menos restrictivas y que todo ello se acompañe de otras medidas para incrementar la oferta”.Por el contrario, el gobierno socialista de Barcelona ve en la futura ley un “aval” a su defensa del acceso a la vivienda. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha considerado que la futura legislación apoya “que hay que poder cambiar las reglas del juego” porque incluirá el concepto de las zonas de mercado tenso inmobiliario en las que se apoya la legislación española, catalana y local para regular los precios del alquiler o el alquiler de temporada, por ejemplo.Bonet ha recordado que también el Tribunal Constitucional avaló el cierre de pisos turísticos en Barcelona a partir de 2028. “Ahora es la Comisión Europea quien dice que los pisos son para vivir y que hay que garantizar su acceso, porque ahora el mercado solo no lo garantiza”, ha celebrado y ha añadido que la comisión “reconoce otra idea que defiende la ciudad: que los pisos turísticos sí afectan la disponibilidad de vivienda para los vecinos”. Bonet aplaude que Europa habilite a los Gobiernos y que la futura legislación “está en las antípodas de lo que defienden algunos lobbies, como los turísticos”. “Hemos de poder intervenir en las reglas del juego, Europa nos legitima”, ha insistido y ha recordado que el alcalde Collboni impulsó lidera la alianza de alcaldes europeos por la vivienda, Mayors For Housing. Los argumentos del consistorio y los de Apartur son completamente opuestos. Frente a las palabras de Bonet, la patronal afirma que el borrador fija que cualquier medida deberá “cumplir con los principios de seguridad jurídica y de protección de las expectativas legítimas”, una cuestión que ve relevante porque los pisos turísticos tienen licencia desde hace más de una década. Apartur, al contrario que el consistorio, no cree que se pueda demostrar que los alquileres turísticos han repercutido negativamente en la disponibilidad o la asequibilidad de la vivienda los tres años anteriores.Uno de los argumentos que suele esgrimir Apartur a favor de los 10.000 pisos turísticos de Barcelona es que no tienen impacto en la vivienda, dicen, porque son apenas un 1% del parque residencial de la ciudad. Por todo ello, la directora general de Apartur, Marian Muro, defiende que la propuesta europea marca “un camino muy distinto” al que se está siguiendo en Barcelona, y acusa al Ayuntamiento de no haber justificado unas restricciones que, su juicio, no son proporcionadas ni responden a una realidad demostrada.