Después de unos años de tregua, Barcelona ha reabierto la guerra contra Airbnb por anunciar pisos turísticos ilegales y ha avisado de que en 2028 cerrará los 10.000 apartamentos turísticos legales. El alcalde Jaume Collboni advirtió esta semana al portal de alquiler vacacional de que, si no elimina los anuncios de pisos sin licencia, presentará nuevas demandas, incluso penales. Y ha recordado que la ciudad se valdrá de un decreto autonómico para cerrar la oferta legal en tres años, con el objetivo de las viviendas vuelvan al mercado residencial. El portal, a través de un portavoz oficial, asegura que el veto a la oferta de alojamiento turístico en viviendas no tendrá “un impacto significativo” en su negocio, porque ninguna ciudad representa más del 2% de su facturación y “el 80%” de sus “200 principales mercados cuenta con algún tipo de regulación”. La empresa también insiste en que “en 2024 creció por encima del conjunto de la industria del turismo”. Pero en los últimos meses Airbnb ha elevado el tono contra el alcalde en duros comunicados.
Varios expertos en turismo aseguran que Barcelona se convierte de nuevo en un quebradero de cabeza para Airbnb. La reducción y eliminación de pisos turísticos en un destino global tendrá impacto por lógica, dicen; pero avisan de que el riesgo más grande es que el veto se replique en ciudades que tienen puesto un ojo en las políticas de gestión del turismo de Barcelona. El temor a un impacto más allá de la capital catalana lo comparte incluso alguna empresa de pisos turísticos. La patronal Apartur insiste en señalar que representan el 40% de las camas turísticas legales de la ciudad y que su cierre sería “una pérdida de competitividad irreparable”, también “para la economía local y de los barrios”.
