La Unión Europea asumió en el actual mandato político que la crisis de la vivienda constituiría un eje vertebrador de su actual hoja de ruta. Y empieza a poner los cimientos para paliar los elevados precios del sector. La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta legislativa que blinda la capacidad de las ciudades de limitar los alquileres de corta duración y el impacto de los pisos turísticos.En su propuesta legal, el Ejecutivo comunitario crea un marco regulatorio que permitirá a las autoridades locales imponer restricciones a las viviendas de alquiler de corta duración. Para ello, deberán demostrar un mínimo de tres años de impacto sobre el mercado y aplicar medidas que se extienda como máximo cinco años.
Las medidas para actuar sobre los alquileres de corto plazo deben centrarse en aquellas actividades que reduzcan el parque disponible para el uso residencial a largo plazo. Las autoridades locales deben cumplir también con los requerimientos europeos de los alquileres de corta duración, incluidos los registros o la desactivación de anuncios.
La normativa establece restricciones a la compra de segunda residencia en aquellas ciudades en las que hay un elevado estrés residencial. Algunos países tienen ya en marcha medidas que establecen que el dueño de una vivienda debe residir en ella o alguien debe hacerlo. No puede estar vacía.
