Con el 50% de los habitantes de las ciudades europeas que consideran que el acceso a la vivienda es un problema inmediato y urgente, la Comisión Europea ha dado un paso para facilitar la seguridad jurídica a las Administraciones públicas que decidan actuar. La Ley de Vivienda Asequible que se ha presentado este miércoles tiene como principales novedades que facilitará la restricción de la compra de segunda residencia en zonas tensionadas, especialmente a personas jurídicas, y propone que se pueda penalizar fiscalmente las viviendas vacías. Sin embargo, la Comisión ha diseñado unos condicionantes y exigencias muy estrictas para demostrar que una zona urbana está tensionada por los precios y obliga a las administraciones a demostrar que la actividad que se pretende restringir, ya sea alquiler temporal o turístico o la compra de vivienda no habitual, además de las medidas sobre la vivienda desocupada están contribuyendo a mejorar la accesibilidad a la vivienda.
Una de las medidas que tendrán respaldo legal es la limitación de pisos turísticos en áreas con mercados tensionados, pero es menos relevante para España porque ya está recogida en la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno. En este caso, Bruselas añade que las autoridades tienen que demostrar que esta actividad comercial tiene un impacto adverso en acceso a la vivienda residencial durante los tres años anteriores a la adopción de la medida.
