La guerra sin cuartel que desde principios del actual mandato municipal mantienen el Ayuntamiento de Barcelona y los pisos tur�sticos sube de nivel y escala a nivel comunitario. La Comisi�n Europea har� p�blico este martes su propuesta de regulaci�n sobre vivienda, que ahora negociar� con la Euroc�mara y el Consejo Europeo, que aglutina a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete.El texto aboga abiertamente por restricciones ante el "estr�s residencial". Sin embargo, el equipo de gobierno que lidera el alcalde, Jaume Collboni, y la patronal Apartur, difieren totalmente sobre su interpretaci�n.El texto destaca que la introducci�n de l�mites es una competencia estatal, auton�mica o local pero que no puede aplicarse de forma generalizada."No todo vale"Para la directora general de la organizaci�n sectorial, Marian Muro, el reglamento establece "l�neas rojas" para las autoridades locales. Entre ellos, su "justificaci�n" y "proporcionalidad", su evaluaci�n y su revisi�n. "No todo vale", destac� en las redes sociales, sobre el plan del consistorio para retirar en 2028 las licencias de pisos tur�sticos, y de la nueva regulaci�n auton�mica que da cobertura a este tipo de decisiones. Son dos normativas "incompatibles" con el derecho comunitario y sin cobertura legal, destaca."Tenemos que intervenir"La lectura del consistorio fue exactamente la contraria. "Tenemos que poder intervenir para garantizar la disponibilidad de pisos, cambiar las reglas de juego y garantizar el derecho a la vivienda", se�al� en declaraciones a los periodistas la primera teniente de alcalde, Laia Bonet.La edil socialista record� que la Comisi�n Europea abre la puerta a declarar zonas tensionadas, algo que ya se hace a nivel aut�nomo y local, con medidas como los topes a los alquileres.El objetivo de BruselasEl nuevo reglamento quiere aportar "seguridad jur�dica" con criterios objetivables a la hora de limitar la oferta. Por ejemplo, propone tener en cuenta la proporci�n entre el precio medio de la vivienda y la renta familiar disponible. Para Apartur, el Ayuntamiento no ha justificado con datos su plan para retirar permisos.