La cuadratura del círculo. El equilibrio imposible. Un encaje de bolillos. O simplemente unas negociaciones "complejas", como así lo reconocen sus protagonistas. Este escenario es el que debe afrontar el Gobierno de coalición durante los próximos días. No es la primera vez. De hecho es uno de las características significativas de toda la legislatura. Esta vez toca abordar un tema especialmente espinoso y que ha causado más de un quebradero de cabeza a PSOE y Sumar: la vivienda. PublicidadComo publicó este medio, los dos partidos que forman parte del Gobierno de Pedro Sánchez aceleraron la semana pasada las negociaciones para lograr un acuerdo sobre el macro decreto de vivienda. Y este miércoles fue Sumar quien anunció un acuerdo interno dentro del Ejecutivo. El decreto pactado incluirá una de las medidas reclamadas con intensidad por Sumar: la prórroga de alquileres. En este caso, además, se trata de una prórroga "reforzada" porque modifica la idea inicial que fue tumbada en el Congreso en abril. En esta ocasión la prórroga podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028. Esto, destacan fuentes de Sumar, supone la ampliación en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias. En total (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.Si el acuerdo entre los dos socios del Gobierno ha sido relativamente sencillo y todas las partes están satisfechas, como ha podido confirmar este medio, no serán tan fácil atar los apoyos parlamentarios suficientes. Porque el objetivo de PSOE y Sumar en todo momento ha sido que el decreto llegue al Consejo de Ministros con un acuerdo transversal entre el bloque de la investidura para asegurar que su convalidación no es tumbada en el Congreso cuando llegue.El compromiso del Gobierno es que el Consejo de Ministros de la semana que viene apruebe este decreto. Además será presumiblemente Sánchez quien lo presente públicamente, ya que ese día, el martes 28, está previsto que el presidente comparezca para su habitual balance de fin de curso antes de las vacaciones. PublicidadLas conversaciones internas se han llevado principalmente entre el Ministerio de Vivienda, que lidera Isabel Rodríguez por parte del PSOE, y el de Derechos Sociales y Agenda 2023, con Pablo Bustinduy a la cabeza, así como con Ernest Urtasun y su equipo. Ahora el peso de la negociación recaerá principalmente en la parte socialista. El principal escollo continúa siendo convencer a los partidos de la necesidad de tener que asumir posturas con las que no están de acuerdo para que puedan salir otras medidas que sí abanderan. Las posiciones más alejadas, como suelte ser habitual, están entre Junts y PNV por un lado y Podemos o ERC y EH Bildu del otro lado. El borrador del texto, sujeto a modificaciones, ya ha circulado entre los grupos aunque las conversaciones ya se llevan produciendo durante semanas. La ley del suelo, escollo para Podemos De hecho, la fuerza morada ya ha mostrado su rechazo al primer texto que han recibido. Y así se lo ha comunicado ya al Gobierno. Fuentes del partido que lidera Ione Belarra piden que se elimine del paquete de medidas la reforma de la ley del suelo incluida en el decreto. Señalan en Podemos que esta reforma es "una línea roja" y la eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una "condición ineludible" para poder negociar el resto del texto.PublicidadEl documento, al que ha tenido acceso Público, se denomina Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda para dar respuesta a la emergencia habitacional. En él se establece una modificación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, "para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística". Se modificarían, según la primera versión, hasta 11 artículos o disposiciones adicionales de la actual ley. En Podemos denuncian concretamente la modificación de dos elementos. Por un lado el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico. Por otro, el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados. Para la fuerza morada el primero de los cambios implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros. También limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.La segunda, por su parte, eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin. "Se trata de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín", afirman.Se da la circunstancia de que esta reforma es similar a la que el PSOE llevó al Congreso en 2025 junto con el PNV y que la mayoría parlamentaria no admitió a trámite. La ley también fue llevada en 2024 por el Gobierno pero fue retirada por el Ministerio de Vivienda poco antes del Pleno por constatar la falta de apoyos. Se oponían a ella Podemos, ERC e incluso Sumar. Es por ello que el PNV, poco después de anunciarse el pacto entre PSOE y Sumar, transmitió en un comunicado sus peticiones al Gobierno. Y entre ellas se incluye precisamente la modificación de la ley del suelo. El PNV "considera imprescindible dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos, una petición que ha sido reclamada por ayuntamientos de distinto color político y que responde a la necesidad de construir vivienda con mayor dinamismo". La formación que lidera Maribel Vaquero en el Congreso recuerda precisamente la proposición de ley tumbada el pasado año. Mientras tanto, desde el PSOE apelan a la "discreción" para poder facilitar los acuerdos, según las fuentes consultadas por este medio. "El texto incluirá propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados", insisten. Otras medidas reclamadas por la izquierda sí se incluyen en este borrador inicial. Por ejemplo la protección a personas con vulnerabilidad ante posibles desahucios, que había sido exigida principalmente por Podemos. Los detalles, en todo caso, se tienen todavía que negociar. Las peticiones de Junts en materia fiscal con deducciones para propietarios en el IRPF también estarían dentro a pesar de que no son defendidas por la izquierda. El decreto incluye la regulación del alquiler de temporada y habitaciones o un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA, medidas respaldadas por grupos como ERC o EH Bildu. PublicidadPrecisamente, los republicanos consideran que el decreto "da pasos y parece que después de mucho insistir este Gobierno entiende que la vivienda es el principal problema para millones de personas". Su portavoz, Gabriel Rufián, valora que considera que si el Ejecutivo no soluciona este problema, "la arrasará". "Topar precios de alquiler de temporada y habitaciones, permitir que ayuntamientos puedan modificar la fiscalidad sobre viviendas vacías, prohibir desahucios", medidas que valora positivamente, aunque considera que el decreto "sigue sin ir al centro del problema: la especulación". "Hay que intervenir el mercado para frenar la acumulación. Y hasta que no se haga todo serán parche", concluye Rufián.