El Congreso de los Diputados se fue de vacaciones el pasado jueves y no está previsto que vuelva a reunirse en sesión plenaria hasta el próximo mes de septiembre. También el Gobierno se va a tomar unas semanas de descanso en las que no habrá reuniones ordinarias del Consejo de Ministros. Pero, entre bambalinas, al Ejecutivo le espera un agosto movido, ya que será en plena canícula cuando tendrá que negociar los apoyos para convalidar —a inicios del nuevo curso político— el decreto de vivienda que aprobará el próximo martes. Y esa negociación se prevé enormemente compleja, puesto que el Gobierno se va a enfrentar al mismo desafío que le ha complicado toda la legislatura: el de hacer encaje de bolillos para satisfacer a sus socios de derechas sin perder a los de izquierdas por el camino.
PSOE y Sumar cerraron el pasado miércoles el acuerdo en el seno del Gobierno sobre el contenido del decreto que aprobará el Consejo de Ministros este martes. Se trataba tan solo de un borrador, con casi una semana por delante para modificar los puntos que fuera necesario para facilitar su convalidación en septiembre. Pero, aunque el Ministerio de Vivienda ha mantenido contactos desde hace semanas con Junts para introducir algunas de sus reivindicaciones en el texto, el paquete de medidas no solo no ha logrado —al menos en primera instancia— el apoyo de los independentistas, sino que también ha soliviantado al otro actor clave para que el decreto siga vigente después del parón de verano: Podemos.
