Sumar presiona para que el Consejo de Ministros apruebe el nuevo decreto de vivienda antes del pleno extraordinario del 23 de julio para que este se someta a la votación del Congreso ese mismo día. Fuentes del espacio se muestran optimistas ante el avance de las negociaciones con los grupos y lo ven perfectamente posible, pero el PSOE, su socio de Gobierno, no las tiene todas consigo. Los socialistas, ahora mucho más en las negociaciones de la norma que hace tres meses, no consideran fácil llegar en los próximos días a un acuerdo con todas las partes, especialmente con Junts, para conseguir alumbrar un decreto de consenso que les ahorre un nuevo varapalo en la Cámara Baja. La imprevisibilidad de un actor como los posconvergentes, cuyo apoyo solo puede negociarse norma a norma, que ya tumbó el otro decreto de vivienda impulsado por Sumar en abril, invita a la prudencia. En este contexto, hay dos opciones: que el Gobierno efectivamente se asegure los apoyos en los próximos días y se vea capacitado para llevar la norma al Congreso en el último pleno del curso político o que expriman el mes de julio para limar unas negociaciones que se antojan difíciles (dada la pérdida de apoyos parlamentarios en las últimas semanas), aprueben el decreto en el Consejo de Ministros del 28 de julio y lo sometan a la votación del pleno la última semana de agosto o a principios de septiembre, todavía dentro del plazo de los 30 días hábiles para su convalidación en la Cámara Baja. La realidad es que, si para aprobar cualquier iniciativa esta legislatura el Gobierno ha tenido que sudar, todavía lo ha hecho más con las relacionadas con la vivienda, un asunto en el que no ha sido capaz de generar un consenso en las Cortes. El Ejecutivo anunció la semana pasada que el nuevo decreto sobre vivienda que aprobará en Consejo de Ministros a lo largo de este mes estará estructurado en dos grandes bloques: uno orientado a contener el precio de los alquileres —con iniciativas como la regulación de los contratos temporales, la prórroga de los alquileres, la obligatoriedad de firmar los contratos por escrito o bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio de la renta—, y otro destinado a aumentar la oferta de vivienda asequible, que incluirá, entre otras medidas, la subida del IVA al 21% para las viviendas turísticas.El objetivo del Gobierno es aunar todas las sensibilidades en la norma. Por eso, no se ha cerrado a incorporar las demandas de otros partidos. Desde el anuncio, el Ejecutivo ha interpelado directamente a Junts, que ha repetido que, si quiere contar con su apoyo, solo tiene que "copiar y pegar" sus propuestas, que figuran en una proposición no de ley que presentaron en abril en la Cámara Baja. Dicha iniciativa incluía deducciones fiscales por compra de vivienda y para los propietarios, rebajas fiscales al alquiler para inquilinos con renta inferior a 33.007,20 euros o deducciones para personas mayores que tienen que vender su vivienda habitual para pagarse una residencia.No obstante, Junts también ha condicionado su apoyo a que el Gobierno acelere la transposición y posterior aplicación de la directiva europea del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. La ley establece que esa debe ser la cantidad máxima que han de cobrar los profesionales para que puedan, si así lo desean, acogerse a dicha medida, pero no cierra la puerta a establecer un límite menor si así lo acuerdan los gobiernos nacionales. Junts quiere que en España el límite figure en los 85.000 euros, pero Hacienda rechaza de plano llegar a esa cantidad por las pérdidas económicas que afrontaría el Estado. El órdago de PodemosPor si fuera poco con Junts, este martes Podemos lanzó un órdago al Gobierno. "Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, también hay votos imprescindibles en la izquierda". Con esta frase, la secretaria general Ione Belarra recordó al Ejecutivo que no debe dar por hecho su apoyo al decreto de vivienda si solo presta atención a las demandas de los posconvergentes, entre las que se encuentra una que los morados ya han rechazado: las bonificaciones —"los regalos"— fiscales a los caseros. Es más, tal y como anunció Belarra, su partido no secundará el decreto si figuran medidas como esta en él a pesar de que sí lo hagan otras como la prórroga automática de los contratos de alquiler de 2026 y 2027 o la regulación de los contratos temporales. "Si trocearon el escudo social para contentar a Junts, que troceen este para contentar a Podemos. Han hecho tantas barbaridades con las leyes que tenemos fundamentos para exigirlo", aseveran desde la formación. En Sumar, socio del Gobierno, ha sorprendido este órdago del partido morado. Tanto en público como en privado manifiestan que les cuesta creer que deje caer un decreto que alivia la situación de los arrendatarios "solo por las bonificaciones fiscales" a los caseros. "El sindicato de inquilinas se les echaría encima", opinan fuentes del espacio, que no ocultan, sin entrar en más detalles, que hay medidas que el PSOE quiere incluir en el decreto y que "no proceden". "Seguimos negociando y peleando", ahondan. También desde el PSOE dudan que Podemos se atreva a votar en contra de la norma: "Lo importante es el voto, no las declaraciones políticas", señalan en el partido. Con todo, para Podemos "nadie espera demasiado" de la norma dado que, a su juicio, el Gobierno "no ha hecho nada para resolver el problema de la vivienda". "Si algo se ha llevado a este Gobierno por delante ha sido no hacer nada en materia de vivienda", criticó Belarra este martes.