La ministra portavoz, Elma Saiz, ha anunciado este lunes un acuerdo dentro del Gobierno de coalición para aprobar un nuevo paquete de medidas en el sector de la vivienda antes del parón estival de agosto. Para superar el rechazo a la propuesta de congelación de los alquileres que el Congreso tumbó en abril, se articulará un decreto amplio que incida en más frentes, como la subida del IVA de los alquileres de temporada al 21%, y que contempla también el retorno de esta moratoria extraordinaria, así como la congelación de las alzas de los contratos, pese a que desde el Ejecutivo recalcan que todavía se está trabajando en el texto definitivo. La futura propuesta pivotará sobre dos grandes bloques. Por un lado, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler, así como la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito. También bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el importe de la renta y otras medidas de apoyo. El Gobierno de coalición volverá a proponer en el marco de estas medidas la prórroga para evitar que las actualizaciones de los contratos se hagan por encima de los niveles del IPC actual, que cabalgan por encima del 3%. La otra pata será la movilización de vivienda asequible, en la que se subirá el IVA de los pisos turísticos al 21% y se propondrán medidas de agilidad administrativa por concretar.Desde los ministerios de Vivienda y Consumo señalan que el real decreto “todavía no está escrito”, por lo que no es posible conocer si la recuperación de la prórroga extraordinaria de los alquileres volverá a contemplarse de la misma forma que cuando decayó en el Parlamento a finales de abril por falta de apoyos. En aquella ocasión, fue Consumo quien capitalizó una propuesta que recogía la posibilidad de que los inquilinos de viviendas cuyo contrato de alquiler finalizase entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 pudieran acogerse a una prolongación extra de hasta dos años con el mero gesto de enviar un burofax a sus caseros solicitándola. Según los cálculos propios que realizó entonces el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, cerca de un millón de hogares estaban llamados a beneficiarse de esta prórroga, puesto que muchos de los contratos se firmaron durante la pandemia y estarían próximos a finalizar superado el plazo medio de cinco años de vigencia. Sin embargo, junto con esta demora adicional de los contratos, la propuesta de Sumar contemplaba también la limitación de la actualización anual de los contratos al 2%. Un freno en las alzas que, de nuevo según cálculos que realizó la propia formación, podía suponer un alivio de hasta 658 euros de manera acumulada en los dos años.Pese a desconocerse el contenido del nuevo decreto, fuentes ministeriales no descartan que vuelvan a contemplarse estas dos medidas, aunque su redacción dentro del nuevo decreto no sea “idéntica” a la anterior. Estas mismas fuentes señalan, sin embargo, que el próximo marco irá “mucho más allá” y confían en que en esta ocasión “todos los grupos se sientan representados”. En la votación anterior, PP, Vox, Junts y UPN se posicionaron en contra, y el PNV se abstuvo.Vacío legalOtra de las vías, quizás algo más clara, por las que el Gobierno pretende intervenir sobre el mercado de la vivienda tiene que ver con la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones. La ley de 2023 dejó un vacío en la regulación de este tipo de alojamientos, en tanto que estos quedaron fuera de los límites de precios, prórrogas obligatorias y protección reforzada a los que sí deben someterse, en cambio, los alquileres de vivienda habitual. Un agujero por el que muchos propietarios han escapado de los controles normativos, trasladando los alquileres de sus viviendas a este otro tipo de fórmulas para poder elevar los precios por encima de las barreras normativas. Frente a este fenómeno, algunas comunidades como Cataluña han aprobado leyes propias que imposibilitan estas fugas, en tanto que someten a todos los tipos de alquileres a los mismos controles.Además de este remache legal, el decreto anunciado este lunes en el consejo extraordinario también contemplará la anunciada bonificación en el IRPF de aquellos caseros que no incrementen el precio del alquiler durante las renovaciones. Se trata de una propuesta anunciada por Pedro Sánchez allá por el mes de enero, y que, pese a contar con el visto bueno de algunos partidos críticos con el anterior real decreto, tampoco ha salido adelante en este tiempo. Entonces, el presidente del Gobierno planteó la bonificación del 100% del IRPF en sus ganancias para los propietarios que renovasen los contratos de sus inquilinos sin subirles el precio del alquiler. Por el momento, se desconoce si este planteamiento será el mismo que esté de nuevo sobre la mesa cinco meses después.Sin embargo, en aquel momento, además de la delimitación de los precios de los alquileres por habitaciones, Sánchez también anunció otra limitación dirigida a los alquileres de habitaciones: estos no podían sumar en su conjunto más que el contrato de la vivienda al completo. A falta de conocer el texto definitivo, en las líneas maestras avanzadas por el Ministerio de Vivienda no hay rastro de esta restricción. Sí aparece, en cambio, el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos con el que el Gobierno pretende desincentivar el auge de estas estancias. Según los últimos datos publicados por el INE, el número de pisos turísticos cayó un 11% en mayo, tras registrarse 40.000 viviendas menos que un año antes, en el mes en que el Tribunal Supremo anuló el registro estatal de casas vacacionales.