177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones. Dos meses han pasado desde que las derechas —PP, Vox, Junts y UPN, con ayuda de la abstención del PNV— tiñeran de rojo el panel de votaciones del Congreso. Un portazo con el que tumbaban la prórroga automática de más de un millón de contratos de alquiler heredados de la pandemia y, en consecuencia, al borde de la extinción. Un no con el que dejaban en la cuerda floja a dos millones y medio de personas, obligadas a elegir entre abandonar sus hogares o asumir la subida desregulada de sus alquileres. 62 días después, el espacio de Sumar —principal paladín de la norma— lo ha conseguido. La prórroga volverá a cruzar las paredes del hemiciclo y lo hará, además, antes del parón veraniego: a largo del próximo mes de julio.PublicidadEste es el compromiso que han anunciado, este lunes, las dos almas del Gobierno: PSOE y Sumar. Un compromiso no exento de fricciones y con el que no siempre han estado igual de implicadas. A finales de marzo, los cinco ministros del hermano pequeño del Ejecutivo protagonizaban una escena nunca vista en cinco décadas de democracia, negándose a participar en la reunión del Consejo de Ministros. ¿El motivo? El veto de los de Pedro Sánchez a la prórroga dentro del paquete de medidas anticrisis de la guerra de Irán. Horas de negociación acababan cristalizando en un acuerdo: dos textos. Y, en uno de ellos, la ansiada prórroga, que, apenas un mes después, se ahogaba en el lodazal de la aritmética parlamentaria.Desde entonces, voces de Sumar —en el Gobierno y en el Congreso— repetían que la norma se estaba negociando "lejos de los focos" y, ahora sí, con el empuje del ala socialista, a través de los ministerios de Hacienda y Vivienda. Una negociación a tres bandas que incluye a un interlocutor especialmente esquivo: Junts. Y es que, con los votos de los de Miriam Nogueras y una nueva abstención del PNV, los números salen. De ahí que, desde Sumar, hayan optado por hacer algunas concesiones a los de Puigdemont. Con las conversaciones todavía abiertas y las fechas del 14 y el 23 de julio marcadas en el calendario (son, de momento, los únicos dos plenos extraordinarios convocados en verano), voces de la coalición aseguran a Público que podrían acceder a alguna "pequeña modificación técnica" del texto, sin tocar, en ningún caso, el "fondo" de la norma.Pero no es eso lo que ponen sobre la mesa los posconvergentes. Fuentes conocedoras de la negociación explican a este diario que los de Miriam Nogueras proponen excluir del nuevo decreto a los inquilinos en situación de impago. Una solución a medio camino, conceden desde Sumar, podría ser aprobar un fondo de compensación para los caseros afectados. Así, razonan, se conseguiría proteger a unos y otros. De momento, tiran de prudencia, no hay una decisión tomada.Si con algo ha claudicado, hace ya un tiempo, Sumar, es con la trinchera de las bonificaciones fiscales. "No es nuestro modelo", martillean en conversación con Público, "pero de alguna forma hay que desbloquear las negociaciones". Lo que no está claro aún es si se incluirán descuentos en el IRPF solo para los caseros afectados por la prórroga o para todos aquellos pequeños propietarios que se comprometan a no subir el precio de sus alquileres. Otra de las principales exigencias de Junts es la exención de IVA a los pequeños autónomos (aquellos que facturan menos de 85.000 euros al año). Desde Sumar, se sacuden la responsabilidad: "Es un compromiso que depende de la voluntad de Hacienda". Un ministerio que, ante las preguntas de Público, no ha querido desvelar nuevos detalles sobre el avance de las conversaciones, que está liderando, en cualquier caso, la cartera de Vivienda. Lo importante no son los detalles del futuro acuerdo, reorientan la mirada desde Sumar, sino que ambas patas del Gobierno "han hecho suya la medida". Dentro, de un macrodecreto, sacan a relucir, que rescata otras antiguas promesas de la legislatura.PublicidadEl agujero negro de las políticas de viviendaLa más importante, destacan voces del hermano pequeño del Ejecutivo, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones. Una medida con un largo —y, cuanto menos, tortuoso— camino a través del laberinto que dibujan los pasillos del Congreso. Dos años. Es el tiempo que se cumplía el pasado sábado, 27 de junio, desde que la iniciativa del Sindicato de Inquilinas pusiera un primer pie en la cámara. Lo hizo con el apoyo de toda el ala izquierda del hemiciclo y, precisamente, bajo el impulso de Sumar. Pero se quedó encallada en el registro. A mediados de septiembre, el voto en contra de los siete diputados de Junts le cerraba el paso. De vuelta a la casilla de salida. Un mes después, era Esquerra Republicana la que ejercía como altavoz del sindicato, reintroduciendo sus reivindicaciones en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo. Esta vez, con mejor acogida. Los de Míriam Nogueras terminaban dando su brazo a torcer a las puertas de la Navidad, y la ley superaba, por fin, la toma en consideración. Para, de ahí, saltar a la mesa de la Comisión de Vivienda, en la que llevaba —hasta ahora— más de un año pendiente de dictamen. A un pequeño paso de la votación.La norma —que es, en realidad, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)— obligaría a justificar cualquier alquiler temporal. Un ejemplo: una ausencia por estudios o trabajo. También limitaría su duración a un máximo de 12 meses. Por encima del año —y cuando se encadenen contratos— se empezarían a aplicar las normas del alquiler indefinido, mucho más garantista con el inquilinato. La bautizada como Ley Antiestafas Inquilina mete mano, además, a las cláusulas abusivas de los contratos. Entre ellas, la imposición de gastos improcedentes como el IBI, los honorarios de las inmobiliarias o los seguros de impago. Y no se olvida del, cada vez más habitual, troceamiento por habitaciones. Un negocio con el que, en ningún caso, se podría superar el valor total del piso. Con dos índices de referencia: las reglas de actualización del alquiler y los límites de las zonas tensionadas.Esta es la base de una ley que Sumar y PSOE han acordado reactivar dentro del nuevo macrodecreto. Un gesto que ha hecho saltar las alarmas de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que exige que la norma se apruebe "de forma intacta" y "sin agujeros". "En la última legislatura, se han anunciado muchas cosas, pero han pasado muy pocas", siguen sembrando dudas desde el movimiento por la vivienda. Fuentes de Sumar explican a Público que, de nuevo, la idea es conservar el texto original. Abierto, a lo sumo, a "pequeños cambios de redacción" que se desprendan de la negociación con el resto de partidos. Ya hay un precedente, recuerdan: la ley catalana del alquiler de temporada, en vigor desde enero de 2026.PublicidadEl IVA de los pisos turísticos y la ley del sueloLa lista de medidas del nuevo macrodecreto no terminan ahí. Fuentes del Ministerio de Vivienda detallan que el texto obligará a todos los contratos a formalizarse por escrito e incorporará, entre otras cosas, el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos. También, recogen el guante del sector conservador del hemiciclo, un paquete de medidas para agilizar los trámites administrativos en la construcción de vivienda. Y, por cierto, en la gestión del suelo. Esta es, remarcan desde Sumar, otra de las líneas que está generando tensiones entre las dos almas del Ejecutivo. Y es que, aseguran, el Partido Socialista estaría intentando incluir en el nuevo decreto una reforma de la ley del suelo. "No lo compartimos"; recuerdan desde la otra orilla del Gobierno, advirtiendo de que, además, pondría en aprietos al resto de izquierdas para apoyar em decreto. La que se quedará, previsiblemente, en el tintero es la moratoria antidesahucios. La protección a la que se acogían más de 60.000 familias vulnerables decayó con el cambio de año y, hasta ahora, el Gobierno no ha conseguido que vuelva a superar el examen parlamentario.