El Gobierno llevará al Consejo de Ministros durante el mes de julio un decreto con un paquete de medidas de vivienda que incorporará, según ha expuesto la ministra portavoz, Elma Saiz, propuestas que ya han recibido el respaldo de los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la legislatura con el objetivo de lograr su convalidación. Saiz ha avanzado que se tratará de un plan "ambicioso" y "transversal" para abordar de forma "integral" el problema del acceso a la vivienda, estructurado en dos grandes bloques: uno orientado a contener el precio de los alquileres —con iniciativas como la regulación de los contratos temporales, la prórroga de los alquileres, la obligatoriedad de firmar los contratos por escrito o bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio de la renta— y otro destinado a aumentar la oferta de vivienda asequible, que incluirá, entre otras medidas, la subida del IVA al 21% para las viviendas turísticas. El decreto nace en esta ocasión de un acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno y no desde una imposición de una de las partes, como ocurrió en marzo, cuando los ministros de Sumar se negaron a entrar en el Consejo de Ministros hasta que sus compañeros socialistas accediese a aprobar el decreto de prórroga de los alquileres que acabó decayendo en el Congreso a finales de abril tras el voto en contra de PP, Vox y Junts. De manera paralela al anuncio de Saiz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha trazado el contenido general del decreto y ha expresado tácitamente que el decreto no está cerrado, pues ha explicado que en las próximas semanas "hay margen para seguir hablando con los grupos" parlamentarios, especialmente con Junts, que, una vez cayó el primer decreto no se cerró a apoyar otro futurible si incluía deducciones fiscales a propietarios y si se aceleraba la transposición y posterior aplicación de la directiva europea del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, un asunto que depende en su totalidad del Ministerio de Hacienda, controlado por el PSOE."Junts ha pedido medidas en materia de fiscalidad de las que estamos dispuestos a hablar. El anterior decreto cayó por su voto en contra y a las pocas horas la portavoz de Junts ofreció la posibilidad de que se hablara para volverlo a traer. Fue una invitación que hizo la propia señora Miriam Nogueras. Desde entonces, evidentemente, hemos estado hablando y trabajando y conocemos sus condiciones", ha expresado Urtasun. El ministro no ha dado más detalles sobre las conversaciones o las medidas concretas que demanda Junts, que, en cualquier caso, además de las dos ya expuestas, en abril registró en el Congreso su propia iniciativa que incluía deducciones fiscales por compra de vivienda, rebajas fiscales al alquiler para inquilinos con renta inferior a 33.007,20 euros o deducciones para personas mayores que tienen que vender su vivienda habitual para pagarse una residencia.Sea como fuere, uno de los principales escollos en las negociaciones se encuentra en la manera de trasponer la directiva europea del IVA franquiciado para los autónomos que facturen hasta 85.000 euros anuales. La ley establece que esa debe ser la cantidad máxima que han de cobrar los profesionales para que puedan, si así lo desean, acogerse a dicha medida, pero no cierra la puerta a establecer un límite menor si así lo acuerdan los gobiernos nacionales. El problema es que Junts quiere que en España el límite figure en los 85.000 euros, mientras que Hacienda no parece dispuesta a llegar a esa cantidad por los perjuicios que ocasionaría en el erario público.