Sumar aún cree posible vencer la resistencia de Junts tras su último acercamiento al Gobierno
“Vamos a apurar al máximo hasta el final”. Sumar se plantó ante el PSOE para arrancar el decreto de vivienda que congela los alquileres y ahora emprende una ofensiva que combinará diálogo político y presión social en un intento de que el Congreso lo convalide antes del 6 de mayo. Pese a las reiteradas negativas de Junts a aprobar la medida y al escepticismo de los so...
cialistas sobre las posibilidades de recabar apoyos suficientes, el ala más a la izquierda del Gobierno se resiste a tirar la toalla. Sumar asume que llevará el peso de las negociaciones y cuenta con el apoyo de sindicatos y entidades sociales para redoblar la presión, incluidas movilizaciones en la calle.
La coalición izquierdista prepara contactos con el conjunto del arco parlamentario, pero a nadie se le oculta que “la clave está en Junts”, como resume un destacado dirigente. Aunque el PNV tampoco se ha mostrado muy favorable, los responsables de Sumar confían en la mayor predisposición al acuerdo que siempre exhiben los nacionalistas vascos, sobre todo si en este punto se lograse avanzar con los catalanes.
En la parte socialista del Gobierno, bregada en la negociación con Junts, no se aprecian visos de que los independentistas puedan dar marcha atrás en su negativa a ratificar el decreto. El secretario general de la formación, Jordi Turull, ya ha dado por hecho que el Congreso lo tumbará, mientras acusaba al Gobierno de practicar el “postureo” y de “criminalizar a los pequeños propietarios”. Pero Sumar ha tomado la cuestión como su gran bandera, en un momento en que las fuerzas a la izquierda del PSOE necesitan un revulsivo para recuperarse de sus patinazos electorales y reforzar su perfil frente al socio mayor del Ejecutivo. De ahí su máximo interés en echar el resto y mantener viva la batalla mientras se estira el plazo para la convalidación en el Congreso. El límite es el 5 de mayo, 30 días hábiles después de que se publicase el decreto en el BOE, el 21 de marzo, al día siguiente de ser aprobado en un convulso Consejo de Ministros. La medida, de momento vigente, prorroga por dos años, con una subida máxima del 2%, los alquileres que vencen antes del final de 2027.






