El PSOE, que se volcará en limar las diferencias entre las dos formaciones y del partido de Belarra con el PNV, confía en que la batería de medidas saldrá adelante a la vuelta del verano
El gran decreto de vivienda con el cual el Gobierno pretendía terminar el curso tendrá que esperar. Quedan flecos por cerrar, que responden en buena medida a la distancia que separa a los dos extremos del bloque de investidura, Junts y Podemos, y que han llevado al Ejecutivo a aplazar la aprobación del texto a la vuelta del verano. Los socios de la coalición, sin embargo, asumen el retraso como un tropiezo sin más trascendencia, a pesar del revés que supone para la hoja de ruta que La Moncloa había diseñado como cierre del curso político. Tanto el PSOE como Sumar se muestran optimistas y aseguran que hay margen para negociar y alcanzar un consenso sobre un asunto de máxima urgencia para la ciudadanía.
El Gobierno llevaba semanas negociando el decreto, un paquete de medidas a la carta que fuera capaz de satisfacer las inquietudes (o, al menos, que les impidera votar en contra) de todas las formaciones del bloque de investidura, que tienen intereses dispares y en ocasiones contrapuestos. El objetivo era —y sigue siendo— abordar distintos frentes para evitar otra derrota en las Cortes, como ocurrió en abril con la prórroga de los alquileres, y dar respuestas a una crisis cada vez más acuciante. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, apremió al PSOE a volver a presentar medidas en la materia después de que las derechas (PP, Vox, Junts y UPN) tumbaran aquel texto. El PNV se abstuvo.
