El mosaico político del Congreso vuelve a hacer tambalear una negociación del Gobierno. Y no cualquier negociación. Nada más y nada menos que la aprobación del nuevo macrodecreto de vivienda que las dos almas almas del Ejecutivo —PSOE y Sumar— habían diseñado como colofón del curso político. Como broche de oro antes de las vacaciones de verano. El borrador de la norma, cuyos primeros detalles se dieron a conocer el pasado miércoles, ha revuelto las aguas del antaño bloque de investidura, cosechando las críticas de dos de sus socios más problemáticos: Junts y Podemos. Y sin ellos los números no salen. De ahí que el Gobierno haya dado un volantazo a escasas horas del final de curso, aplazando la aprobación del decreto hasta después del paréntesis del verano. Será finalmente en septiembre cuando el texto definitivo aterrice sobre la mesa del Consejo de Ministros y, de ahí, llegue a la tribuna del Congreso. Un respiro con el que el Gobierno se va de vacaciones sin terminar de suturar la hemorragia de la vivienda.PublicidadUn mes más. Es la prórroga que han acordado las dos patas del Ejecutivo para seguir trabajando en un acuerdo "amplio y de consenso", en el que se vean reflejadas las sensibilidades de todas las fuerzas del hemiciclo (a excepción de PP y Vox). Fuentes gubernamentales aseguran a Público que han sido los propios grupos parlamentarios los que han pedido algo más de margen para seguir haciendo sus aportaciones al borrador inicial. Un extremo que desde el Ministerio de Vivienda —el principal músculo negociador del Gobierno— asumen "con responsabilidad". Las prisas, valoran a Público, pueden convertirse en el principal obstáculo para llevar a buen puerto una negociación. Lo importante, completan, es que el decreto termine saliendo adelante. Un escenario que ven "más cerca que nunca". Las conversaciones, insisten, están de todo menos encalladas, los grupos siguen "trabajando arremangados" y el texto, en cualquier caso, no iba a llegar al Congreso hasta septiembre: "Merecía la pena estirar un poco más la negociación antes que cerrarla sin que nadie estuviera conforme".También desde Sumar se toman el aplazamiento con filosofía, a pesar de haberse comprometido día sí día también a sacar adelante el decreto antes del parón veraniego. "Las conversaciones avanzan bien y ningún grupo ha cerrado la puerta", ponen en valor fuentes del espacio. Con una única exigencia: trabajar con la mayor celeridad posible para que el nuevo curso político arranque por ahí, con una apuesta decidida por la vivienda: "Que se lleve al primer Consejo de Ministros de septiembre". En agosto, se comprometen voces del hermano pequeño del Ejecutivo, no van a quedarse de brazos cruzados. Seguirán negociando para tener el acuerdo cerrado, si pueden, a finales de mes. Y es que, añaden, la mayoría de peticiones de los grupos son "retoques estéticos, detalles técnicos y algo de letra pequeña". Al final, razonan estas voces, "todo el mundo quiere lucir su parte" dentro de la futura norma.Dos frentes abiertosUno de los escollos que ha motivado este retraso, reconocen a Público fuentes conocedoras de las negociaciones, es la discutida reforma de la ley del suelo, que el PSOE ha intentado aprobar (sin éxito) en varias ocasiones a lo largo de la legislatura y que introdujo en el borrador de la nueva norma a petición expresa del PNV. Para Podemos, en cambio, supone una "línea roja". Su eliminación es, de hecho, "condición ineludible" para que los morados den el sí a cualquier texto. Así lo explicaba la semana pasada, en rueda de prensa, su secretaria general, Ione Belarra, asegurando que la reforma propuesta "abre una autopista a los pelotazos urbanísticos". Unas críticas que, este lunes, los morados han extendido al aplazamiento anunciado por el Gobierno. "En lugar de aprobar mañana mismo la prórroga de los alquileres y la moratoria de los desahucios, dos medidas de mínimos y urgentes para millones de personas, el Gobierno ha optado por retrasar el decreto", censuran, en conversación con Público, los de Belarra, que "seguirán vigilantes" para que el Gobierno no vuelva a "colar" en el decreto cualquier modificación de la vigente regulación del suelo.En el otro extremo de la ecuación se perfila el PNV, para el que es una "necesidad" dotar de "mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanos" a través, precisamente, de la reforma de la ley del suelo. Un gesto con el que, para los de Maribel Vaquero, se conseguiría construir vivienda "con mayor dinamismo" y responder a las necesidades de ayuntamientos "de distinto color". Un punto que también ponen en valor desde la orilla socialista de la negociación, que califica de "beligerante" la posición de los morados frente a una reforma que decenas de ayuntamientos "llevan años exigiendo" para nutrir su parque de vivienda pública y asequible. Reformar la ley de suelo, insisten desde el ministerio que encabeza Isabel Rodríguez, no es, de por sí, de derechas. Ponen un ejemplo: en zonas que, en su momento, se vieron afectadas por la DANA, sigue siendo más fácil construir en áreas inundables urbanizadas que en áreas no inundables no urbanizadas. Todo gracias a una normativa "anticuada" que, razonan, toca actualizar.PublicidadEl tira y afloja entre Podemos y el PNV no es el único bache que todavía tienen que sortear las negociaciones. Otra de las piezas clave vuelve a ser el partido que encabeza, en Madrid, Miriam Nogueras. Este mismo lunes, Junts reiteraba, a través de su portavoz en el Congreso, su rechazo a lo que considera un totum revolutum. En un artículo compartido a través de X, la política independentista arremete contra la "sobreregulación"de la que hace bandera el Gobierno, acusando a los topes de precios, el intervencionismo y los "experimentos legislativos" de convertir el acceso a la vivienda en "una carrera de obstáculos" y señalando a la debería ser la verdadera trinchera: la falta de oferta. ¿La solución de los posconvergentes? Movilizar suelo, estimular la obra nueva y, en paralelo, aprobar nuevas rebajas fiscales, en la forma de desgravaciones en el alquiler, en la hipoteca y en las cuentas de ahorros. Medidas, todas ellas, que, para Junts, no aparecen recogidas (o no por completo) en el decreto inicial del Gobierno.Desde el tándem PSOE-Sumar insisten: ni son propuestas insalvables ni falta voluntad de las partes para llegar un acuerdo. Eso sí, conceden, las negociaciones seguirán siendo "complejas". "Unos tiran hacia un lado y otros hacia otro", describen fuentes socialistas, subrayando que, además, "cada cosa que cambia uno, tiene que volver a pasar por todos". No por eso bajan los brazos: "Superaremos la fase de negociación, pasaremos por el Consejo de Ministros y obtendremos el sí de la mayoría del Congreso".