El decreto de medidas para hacer frente a la crisis de vivienda, que incluirá la reactivación de la prórroga de los alquileres por dos años, sigue bloqueado. Lo previsto inicialmente era que este paquete se aprobara durante el mes de julio, pero la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que satisficiera a la misma vez a los socios de izquierdas y a los de derechas del Gobierno obligó a la Moncloa a retrasar hasta después del verano su puesta en marcha. Y agosto tampoco ha servido para encarrilar el texto: Podemos y Junts siguen sin estar convencidos de apoyarlo, cada uno por motivos diferentes, y el estallido de la crisis migratoria de Ceuta ha monopolizado los esfuerzos del Gobierno y ha retrasado la aprobación del decreto, aunque el Ejecutivo no ha renunciado a su promesa de sacarlo adelante en septiembre.
A finales de julio el Ministerio de Vivienda anunció que había decidido “trasladar la aprobación del decreto al mes de septiembre para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias”. Fuentes de la Moncloa explican que sus planes pasaban por iniciar el nuevo curso político con varios anuncios de carácter social y, entre ellos, el pacto para sacar adelante el decreto. Con esa estrategia el Ejecutivo pretendía retomar la iniciativa en una materia capital para su electorado e iniciar con buen pie el calendario que culminará con las elecciones generales, que improrrogablemente deberán celebrarse en el año 2027.
