El Gobierno quiere cerrar con un buen sabor de boca un curso traumático por la sucesión de reveses judiciales. Pedro Sánchez aspira a aprobar antes del parón del verano un decreto de vivienda, negociado con los socios del bloque de la investidura. El Ejecutivo, que tiene previsto aprobar leyes de sanidad sobre medicamentos y tabaco en el Consejo de Ministros de este martes, no contempla un Consejo extraordinario solo para vivienda, por lo que el calendario solo dejaría de margen el Consejo de Ministros del 28 de julio. Ese día será, además, cuando el presidente haga su tradicional balance de fin del curso político.Tras asistir en Nueva York a la final del Mundial entre España y Argentina, Sánchez inicia la semana con un viaje institucional a Argelia con el ánimo de cerrar definitivamente la crisis por el giro del Gobierno sobre el Sáhara Occidental. El aumento del suministro de gas será la mejor prueba de que la relación se ha reconducido. Solventada la carpeta con un vecino estratégico también para el control de la inmigración irregular, el presidente pretende recobrar la iniciativa con una última tanda de medidas sociales. El propósito es lanzar el mensaje de que el Gobierno gestiona y es capaz de recomponer la mayoría que hizo posible su investidura, en contraposición con la sensación de fin de ciclo que agita la derecha apoyándose en las causas judiciales contra el PSOE, el Ejecutivo y la familia del presidente. Con la agenda condicionada por el avispero judicial —este martes está citado a declarar como imputado en el caso Plus Ultra Julio Martínez, el empresario amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero—, en La Moncloa son conscientes de que han entrado en la fase decisiva para sacar adelante antes de que finalice julio un decreto de vivienda, el principal problema que existe en España, según el 23,3% de encuestados en el último barómetro del CIS. En segunda posición están los problemas políticos en general (11%) y cierra el podio “el Gobierno y partidos o políticos concretos” con un 9,5%.En esta tesitura, PSOE y Sumar quieren anotarse un tanto con la regulación de los alquileres de temporada y también de habitaciones, que afecta a los ciudadanos más vulnerables en el mercado de la vivienda. El Ejecutivo contempla establecer una fiscalidad disuasoria sobre los pisos turísticos. “Nuestra obligación”, declaró la pasada semana el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “es reunir las condiciones para que salga adelante, teniendo en cuenta las peticiones de grupos parlamentarios como Junts, PNV o Podemos. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo ante la crisis de vivienda que están viviendo las familias trabajadoras en España”.Prórroga de alquileresLa prórroga de alquileres, medida estrella que proponía Sumar, decayó el 28 de abril tras el rechazo de Junts, PP y Vox. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha promovido un paquete flexible para contentar a grupos tan dispares como PNV, Junts, ERC, Bildu y Podemos, confiando en que prime la urgencia social del problema. Para atraer a todas las partes, su departamento incluye la regulación del arrendamiento temporal apoyada por el PNV (la formación de Aitor Esteban es partidaria de equiparar el alquiler de habitaciones al de vivienda habitual, con contratos de cinco a siete años y topes de precio en zonas tensionadas) y prepara deducciones fiscales como reclama Junts. El Gobierno espera que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha avalado la ley de amnistía y allana el regreso de Carles Puigdemont, contribuya a reconstruir la alianza con Junts. La moratoria de los alquileres es el principal escollo, pero La Moncloa espera sortearlo mediante bonificaciones en el IRPF para los caseros que congelen o bajen los alquileres. Justo como Junts exige.La semana también anticipa otra derrota anunciada del Gobierno con la senda de estabilidad. Será el jueves, en el último pleno antes del final de curso. El Congreso ya lo tumbó la semana pasada. Los argumentos del ministro de Hacienda, Arcadi España, no convencieron a los populares, pese a que suponía un margen de 5.849 millones para las comunidades en tres años. “El PP”, criticó el ministro, “prefería que el Gobierno perdiera una votación a que sus territorios recibieran más de 5.800 millones. Eso es lo que votó entre aplausos. Yo creo que ningún ciudadano ni ciudadana lo entenderá”. España llevará esta semana la misma propuesta a las Cortes Generales.El Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio, en el que todas las comunidades menos Cataluña se opondrán al sistema de financiación, será el punto y final del curso. El Gobierno tiene asegurada su aprobación en el órgano multilateral, ya que necesita tan solo el voto a favor de un territorio, pero sería una victoria temporal. Hacienda se ha abierto a negociar cambios para modificar el modelo en las reuniones técnicas con las autonomías, en el propio Consejo de Política Fiscal y en el Congreso, donde está obligado a reunir la mayoría necesaria para reformar un sistema que debería haberse renovado en 2014.El Ejecutivo ya sufrió una doble derrota el año pasado, pero entonces abandonó el proyecto de Presupuestos. Las últimas cuentas públicas que se aprobaron fueron las de 2023. Desde entonces están prorrogadas. El compromiso del Gobierno es que este año sí los presentará, aunque no cuente con los apoyos y se dé por hecho que no pasarán la prueba de fuego de las enmiendas a la totalidad. Ese escenario tendría todos los ingredientes para un adelanto de las elecciones generales que, a falta de que Sánchez aclare la incógnita, la práctica totalidad de los dirigentes del PSOE espera para el primer trimestre de 2027.