José Luis Rodríguez Zapatero intentó a la desesperada que su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, contratara los servicios de un abogado de su confianza para que le convenciera de que no tirara de la manta. El expresidente del Gobierno pidió al empresario alicantino que encargara su defensa a Francisco Caamaño, que fue ministro de Justicia durante su último gobierno (2009-2011) y trabaja actualmente en un bufete, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a las pesquisas. La ofensiva de Zapatero para impedir la confesión de Julio Martínez se produjo cuando este aún tenía como abogados al penalista Bernardo del Rosal y al colaborador de Manos Limpias José María Bueno. El empresario de Elda (Alicante) había seguido en contacto con Zapatero tras el estallido del caso Plus Ultra en diciembre de 2025, pero temió que la recomendación de fichar a Caamaño buscara en realidad maniatarlo para convertirlo en el único culpable de la trama. El entorno de Zapatero acrecentó la desconfianza de Julio Martínez. En las presiones para que contratara a Caamaño también intervino el presidente de Movistar Plus y amigo íntimo del exjefe del Ejecutivo, Javier de Paz, que participó en la creación de Análisis Relevante SL (la sociedad que centralizó el presunto cobro de comisiones ilegales) y tenía un interés personal en asegurarse de que nadie llegara a relacionarlo con este caso, explican las mismas fuentes a este diario. Francisco Caamaño, ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero y actual abogado. Las suspicacias de Julio Martínez aumentaron cuando la mano derecha de Javier de Paz, el exdirector de Comunicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y actual director de Relaciones Institucionales de Movistar Plus, Sergio Sánchez, dueño del 25% de Análisis Relevante SL, emitió un comunicado para manifestar que nunca supo quiénes eran los clientes de esta compañía y filtró una versión en la que directamente se presentaba como una víctima del industrial de Elda. En el chat que compartía Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar, y que intervino la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, hay menciones a la necesidad de conseguir dinero para "abonar las facturas de Caamaño". El expresidente y su exministro mantienen una relación muy estrecha. Caamaño llegó a ser secretario general del PSOE de La Coruña entre 2012 y 2014 y ocupó un escaño en el Parlamento de Galicia hasta 2015. En la actualidad ejerce la abogacía en el bufete CCS Abogados, que tiene oficinas en La Coruña, Vigo y Madrid. Julio Martínez sorteó finalmente la maniobra de Zapatero y su entorno. El pasado mayo rompió con uno de sus abogados, Bernardo del Rosal, por discrepancias en la estrategia de defensa que no guardaban relación con un posible arrepentimiento. Pero el testaferro aprovechó esa oportunidad para confiar su defensa a una abogada que está en las antípodas de todo lo que implicaba ponerse en manos de alguien con un perfil tan político como Caamaño. Julio Martínez eligió a María Dolores Márquez de Prado, una fiscal de carrera que ejerció como representante del Ministerio Público en la Audiencia Nacional durante 17 años y que tiene fama de penalista firme, dura y ajena a los condicionantes políticos. Está casada con el exmagistrado Javier Gómez de Liaño, con quien comparte despacho. El objetivo del empresario de Elda era explorar un acuerdo con la Fiscalía y Márquez de Prado tenía el perfil idóneo para efectuar ese acercamiento, como adelantó El Confidencial. Este lunes, el supuesto fiduciario de Zapatero envió al Juzgado Central de Instrucción número 4 un escrito de seis páginas en el que reconocía su implicación en la causa y situaba a Zapatero al frente de una operación para amañar con el Gobierno de Pedro Sánchez el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros públicos. Menos de 24 horas después, Julio Martínez entró con Márquez de Prado en la Audiencia Nacional para ratificar su confesión ante el instructor del caso, el juez José Luis Calama, y aportar nuevos detalles. TE PUEDE INTERESAR La confesión del testaferro del exsecretario general del PSOE ha venido acompañada del arrepentimiento del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; del consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli; y de Plus Ultra como persona jurídica. Los cuatro testimonios coinciden en ubicar a Zapatero en la cúspide de una organización que cobraba sobornos de todo tipo de empresas por ejercer su influencia ante gobiernos de todo el mundo para adulterar contratos y subvenciones públicas. Los delatores también implican a las hijas del dirigente socialista, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en el blanqueo de las comisiones ilegales. El juez Calama las ha imputado, pero aún no ha fijado una fecha para tomarles declaración. Ese es el hito que va a condicionar los próximos pasos de Zapatero, que ni siquiera ha aclarado aún el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que fueron descubiertas en una caja fuerte en su despacho de expresidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero intentó a la desesperada que su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, contratara los servicios de un abogado de su confianza para que le convenciera de que no tirara de la manta. El expresidente del Gobierno pidió al empresario alicantino que encargara su defensa a Francisco Caamaño, que fue ministro de Justicia durante su último gobierno (2009-2011) y trabaja actualmente en un bufete, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a las pesquisas.